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XALAPA.- Pese a que ellos no tienen beneficios, inmigrantes que viven sin documentos ayudan a financiar las prestaciones del Seguro Social en Estados Unidos. Este grupo pagó unos 25 mil 700 millones de dólares en impuestos del Seguro Social en 2022, según un análisis reciente del grupo de investigación fiscal Institute on Taxation and Economic Policy, de tendencia izquierdista. Dado que los trabajadores que viven en el país sin documentos solo pueden cobrar jubilación y otras prestaciones del Seguro Social si cambia su estatus migratorio, los miles de millones que vierten en el programa en realidad operan como un subsidio para los beneficiarios estadunidenses. La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) tiene más de 72.5 millones de beneficiarios y parte de estos desembolsos son financiados por los aportes de los inmigrantes indocumentados. Estas contribuciones se realizan a pesar de que los trabajadores indocumentados no pueden reclamar beneficios de jubilación u otros créditos fiscales, como el crédito fiscal por ingresos del trabajo, que requiere números de Seguridad Social válidos. El presidente electo Donald Trump prometió llevar a cabo el mayor programa de deportación del país hasta la fecha y restringir las vías legales de inmigración. Es difícil predecir si la administración entrante será capaz de cumplir sus promesas más agresivas, entre ellas enviar a casa a los 11 millones de trabajadores que se encuentran en este momento en Estados Unidos de forma indocumentada. Pero si la Casa Blanca procede con el plan, los economistas prevén que será un lastre extenso para la economía, y podría costarle al Seguro Social unos 20 mil millones de dólares anuales de liquidez, según los actuarios de la Administración del Seguro Social, que garantiza prestaciones a 68 millones de estadunidenses cada mes, las cuales ascendieron a un total de 1.5 billones de dólares el año pasado. La Seguridad Social desde hace años ha tenido un déficit de financiación, en parte debido a los cambios demográficos. Debido al descenso de la natalidad, menos personas cotizan en el programa, mientras que miles de baby boomers se jubilan cada día; son los jubilados quienes cobran prestaciones durante periodos más largos. Se prevé que el fondo fiduciario que paga las prestaciones de jubilación del Seguro Social se agotará en 2033, cuando los ingresos fiscales basten para pagar 79 por ciento de las prestaciones programadas. Eso significa que los cheques de los beneficiarios se reducirán 21 por ciento si el Congreso no hace nada (se espera que los legisladores hagan algo, aunque hay un debate sobre el mejor enfoque para apuntalar el programa). Cambios considerables en la política de inmigración podrían repercutir en el Seguro Social. Según un informe de 2024 de la Oficina Presupuestaria del Congreso, se prevé que la tasa neta de inmigración impulse el crecimiento demográfico y sea responsable de todos los aumentos en la población a partir de 2040, debido a las bajas tasas de fertilidad de los ciudadanos estadunidenses. El déficit del Seguro Social suele medirse como porcentaje de la nómina total cubierta por el programa, o de todos los salarios sujetos a impuestos sobre nómina, la fuente de financiación específica del programa. La mejor estimación de los administradores parte de una población de 1.24 millones de inmigrantes netos al año. A ese ritmo, el programa necesita 3.5 por ciento adicional de su masa salarial imponible para ser solvente por completo. Pero si la inmigración neta anual se redujera a 829 mil (la cifra más baja calculada), el déficit de financiación a largo plazo del programa empeoraría en torno a 10 por ciento (de 3.5 al 3.9 por ciento de la masa salarial imponible). En cambio, si los inmigrantes netos aumentaran hasta casi 1.7 millones al año, el déficit de financiación mejoraría 10 por ciento (a 31 por ciento de la masa salarial). En otras palabras, por cada 100 mil inmigrantes netos al año, el déficit de financiación mejora .09 por ciento de la masa salarial imponible. Se calcula que los trabajadores ilegales pagaron 96 mil 700 millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales en 2022. Los trabajadores que viven sin documentos en el país no pierden la obligación de pagar impuestos sobre sus ingresos obtenidos en Estados Unidos, y se calcula que al menos la mitad de ellos presentan declaraciones de impuestos federales. Por lo general, las empresas tienen la obligación de verificar la identidad de los trabajadores que vayan a contratar y su derecho a trabajar mediante el formulario I-9, y a recopilar documentación como prueba. Dado que, por lo general, se necesita un número de Seguro Social para obtener un empleo, los trabajadores que viven sin documentos en el país y reciben cheques en lugar de cobrar en efectivo, por ejemplo, pueden utilizar números de Seguro Social inventados, el número de otra persona o un número que fue válido un tiempo, cuando tenían estatus de autorización de trabajo.
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