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XALAPA.- La consultora Integralia dio a conocer esta semana un análisis sobre 10 riesgos políticos para 2025, entre los que destaca un panorama desafiante para México, caracterizado por la concentración de poder, incertidumbre jurídica y factores externos que pueden alterar la estabilidad económica y social del país. De acuerdo con Integralia, este 2025 se perfila como un año de altos riesgos políticos y económicos para México. La capacidad de mitigar estos riesgos dependerá de las estrategias gubernamentales y de la disposición del sector privado para adaptarse a un entorno en constante cambio y las acciones de los actores involucrados definirán la estabilidad del país y sus oportunidades de crecimiento. El reporte advierte sobre los posibles impactos que estos riesgos tendrán en la gobernabilidad democrática y el entorno de negocios. Así las cosas: 1. El retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Integralia refiere que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca plantea un escenario de tensiones comerciales, diplomáticas y migratorias. Se prevé una incertidumbre económica por posibles aranceles, afectaciones al comercio bilateral y medidas restrictivas en materia migratoria, lo que impactará directamente a empresas vinculadas al comercio exterior y podría intensificar la crisis migratoria en la frontera norte de México. 2. Concentración del poder y debilidad de contrapesos democráticos. La hegemonía política de Morena tras las elecciones de 2024 ha relegado a la oposición a un papel testimonial, debilitando los contrapesos institucionales, lo que ha generado un entorno donde las decisiones del Ejecutivo federal priorizan criterios políticos sobre los técnicos, afectando la certeza jurídica y el clima de negocios. 3. Futuro incierto para el T-MEC y la integración económica. La revisión del T-MEC en 2026 se perfila como un desafío crítico. Tensiones políticas y comerciales entre México, Estados Unidos y Canadá podrían debilitar el tratado, lo que afectaría el atractivo de México para el nearshoring y otros sectores estratégicos. 4. Reforma judicial y sus efectos en la seguridad jurídica. La implementación de la reforma judicial podría derivar en una mayor politización del sistema de justicia, dificultando la resolución imparcial de disputas legales. Esto generará incertidumbre para las empresas, con posibles aumentos de costos operativos y una reducción de inversiones. 5. Incertidumbre ante reformas impulsadas por el gobierno. El reporte advierte que las reformas promovidas por el gobierno, en temas como agua, medio ambiente y telecomunicaciones, podrían aumentar la incertidumbre jurídica y regulatoria, afectando sectores estratégicos. Además, estas reformas suelen excluir al sector empresarial de las discusiones, priorizando criterios políticos sobre económicos. 6. Inseguridad pública y fragmentación del crimen organizado. El cambio en la estrategia de seguridad, enfocado en capturar liderazgos criminales, podría detonar un aumento en los enfrentamientos violentos y en la fragmentación de grupos delictivos. Esto afectaría a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMes) en regiones con alta incidencia delictiva, además de complicar el traslado de bienes por carreteras. 7. Presión sobre empresas concesionarias de agua. El Plan Nacional Hídrico prioriza el consumo humano sobre el uso industrial, lo que podría limitar la disponibilidad de agua para empresas. Además, la discusión de una nueva Ley General de Aguas podría traer medidas restrictivas para sectores intensivos en el uso del recurso. El Gobierno de México invertirá más de 20,000 millones de pesos en proyectos hídricos en México durante el 2025. 8. Reformas electorales y su impacto en la democracia. Propuestas de reforma en el sistema electoral, como la eliminación de la reelección legislativa y la modificación de las listas de representación proporcional, podrían reducir las garantías de una competencia política justa y limitar la representación de la oposición, debilitando el sistema democrático mexicano. 9. Crisis en el sector energético y de telecomunicaciones. La centralización del sector energético y la posible reconfiguración de las telecomunicaciones generan un clima de incertidumbre que detendría inversiones clave. Esto afectaría la competitividad de México en áreas como electricidad, litio y telecomunicaciones. El Instituto Federal de Telecomunicaciones anunció el arranque de la primera subasta 5G de México, en un contexto de extinción de los órganos autónomos y de asfixia particular para el IFT por un recorte presupuestal del 70% que ya lo ahoga financieramente en el cumplimiento de sus obligaciones regulatorias y el pago de sueldos a sus pocos más de mil trabajadores. 10. Crisis fiscal y propuestas de reforma tributaria. El deterioro de las finanzas públicas podría llevar al gobierno a implementar una reforma fiscal, centrada en incrementar impuestos para personas físicas y morales. Esta medida afectaría al sector privado y aumentaría los costos operativos, especialmente en sectores estratégicos.
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