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XALAPA.- Para Gerardo Gallardo, representante de la Federación de Migrantes Veracruzanos en Estados Unidos, la deportación masiva de migrantes anunciada por el presidente electo, Donald Trump, pone en riesgo a miles de personas al regresarlas a México sin oportunidades laborales, lo que podría colocarlas directamente en manos de la delincuencia organizada. El dirigente de migrantes destacó que esta situación representa un grave problema social y de seguridad. “El mayor peligro para los migrantes deportados es que, al no encontrar empleo, sean reclutados por grupos de la delincuencia organizada. Estas personas regresan sin opciones reales de trabajo y con un estigma social que les cierra puertas. En su desesperación, podrían caer en actividades ilícitas para sobrevivir”, aseguró Gallardo. El representante explicó que el contexto económico y social de México no está preparado para recibir a las personas deportadas en gran escala. “Esto las deja en una situación de alta vulnerabilidad, ya que muchos provienen de familias que dependían de las remesas enviadas desde el extranjero y ahora regresan a un país con altas tasas de desempleo”, sostuvo. Gallardo refirió que la delincuencia organizada no pierde la oportunidad de captar a personas en situación de precariedad. “Ante la falta de empleo y apoyo, los deportados son un blanco fácil para estas redes criminales, que les ofrecen ingresos rápidos a cambio de involucrarse en actividades ilegales. Es un escenario alarmante y muy probable”, señaló. El dirigente subrayó que el problema se agrava debido a la situación laboral en México. La tasa de desempleo es elevada y no existen programas efectivos que permitan absorber a los migrantes en el mercado laboral. “México no cuenta con una infraestructura económica que pueda ofrecer alternativas de empleo a quienes son deportados. Muchos regresan a zonas rurales o marginadas donde las oportunidades son prácticamente inexistentes, lo que los empuja aún más hacia actividades ilícitas”, explicó. Además, indicó que la falta de políticas públicas para la reintegración social y económica de los migrantes deportados incrementa el riesgo de que estas personas sean marginadas y, eventualmente, reclutadas por organizaciones criminales. Ante este panorama, el representante de los migrantes veracruzanos exhortó al gobierno federal y estatal a implementar estrategias inmediatas para atender la crisis que podría darse con la deportación masiva. “Es indispensable que el gobierno mexicano diseñe programas de empleo y reintegración para evitar que estas personas caigan en manos de la delincuencia organizada. Si no actuamos ahora, el impacto en la seguridad del país será devastador”, advirtió. También pidió a las autoridades locales, particularmente en estados como Veracruz, que trabajen en coordinación con la Federación para ofrecer opciones de desarrollo económico y social a los migrantes deportados. Veracruz, como uno de los estados con mayor número de migrantes en Estados Unidos, se verá especialmente afectado por esta política. Gallardo señaló que muchas familias en comunidades veracruzanas dependen económicamente de las remesas enviadas por sus familiares en el extranjero. “Con la deportación, no sólo se perjudica al migrante que regresa, sino también a las familias que pierden esta fuente de ingresos. Esto incrementará los niveles de pobreza y marginación, dejando a más personas en situación de vulnerabilidad”, explicó. Por último, insistió en la importancia de crear políticas que prioricen la integración laboral de los migrantes deportados para evitar que sean absorbidos por la delincuencia. “Lo que está en juego no es sólo el futuro de los deportados, sino también la estabilidad social y económica del país”, concluyó.
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