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Comité de Evaluación del Poder Judicial acata segunda suspensión contra la elección de personas juzgadoras.
Una jueza con sede en Jalisco concedió una suspensión definitiva contra la elección de jueces, ministros y magistrados. En caso de incumplimiento, las autoridades serían multadas con más de 54 mil pesos. El Comité de Evaluación del Poder Judicial publicó un acuerdo para dar cumplimiento a la medida.
Viernes 10 de Enero de 2025
Por: animalpolitico.com
Foto: Cuartoscuro .
Ciudad de México.- El Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF) dio cumplimiento a una segunda suspensión definitiva contra la elección judicial. La medida fue concedida por una jueza de distrito, la cual ordena frenar el proceso de selección de candidatos.


La notificación fue recibida por el Comité del Poder Judicial el 8 de enero y fue dictado por la jueza sexta de Distrito en Materia Administrativa con residencia en Zapopan, Jalisco, María Gabriela Ruiz Márquez. Con esto, la juzgadora ordenó a los comités de los tres Poderes de la Unión frenar el proceso de elección de la reforma electoral, derivado de un juicio de amparo.


Las autoridades tienen 24 horas para cumplir con la medida.

Asimismo, los integrantes de los comités fueron apercibidos de que en caso de incumplimiento podrían ser acreedores de una multa equivalente a 54 mil 285 pesos, sin perjuicio de notificar al Ministerio Público Federal por desacato.

Una vez que fueron notificados, por unanimidad de votos, Mónica González Contró, Emma Meza Fonseca, Hortencia María Emilia Molina de la Puente, Luis Enrique Pereda Trejo y Wilfrido Castañón León, integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial, determinaron dar cumplimiento a la suspensión definitiva y publicaron un acuerdo.


Los actos suspendidos por la jueza incluyen que el Senado deberá abstenerse de emtir la convocatoria para integrar los listados de personas candidatas a la elección extraordinaria de 2025; el INE no deberá emitir los acuerdos para la organización, desarrollo, cómputo, vigilancia y fiscalización del proceso electoral y tendrá que suspender la aplicación de los acuerdos emitidos por el Consejo de dicho instituto, respecto del desarrollo del proceso electoral judicial.

También, el Congreso de la Unión deberá de abstenerse de realizar las adecuaciones a las leyes federales que den cumplimiento a la implementación de la reforma.

En cuanto al Consejo de la Judicatura Federal, el organismo no podrá realizar ajustes presupuestales que impacten negativamente en las remuneraciones ordinarias y extraordinarias de los servidores públicos del PJF, tampoco podrá implementar un plan de trabajo para la transferencia de los recursos materiales, humanos y financieros y presupuestales, ni realizar la transferencia de los fondos contenidos en fideicomisos, mandatos o contratos que manejen.

Comité del Poder Judicial frena participación en elección judicial; Legislativo y Ejecutivo se mantienen


El Comité de Evaluación del Poder Judicial suspendió su participación en la elección de jueces, magistrados y ministros, luego de que un juez concedió una suspensión definitiva en contra de la reforma judicial.

En momentos en los que se conforman las listas de posibles candidatos para la elección de junio de 2025, el Comité del Poder Judicial anunció que cumplirá con la suspensión definitiva que obliga a todos los comités —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— a detener el proceso electoral y emitir un acuerdo en cumplimiento de la medida cautelar.


“Se suspende, en el ámbito de la competencia de este Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación, toda actividad que implique la continuación del desarrollo del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en tanto se revoque o modifique la medida cautelar”, indicó el Comité en un acuerdo difundido este 7 de enero.

Los otros comités también deben acatar la suspensión. En este sentido, el grupo de trabajo del Poder Judicial destacó en el acuerdo que, de no suspender el proceso electoral, los comités del Ejecutivo y Legislativo generarían una “considerable inequidad” entre los participantes en dicho proceso.

El pasado 1 de noviembre de 2024, el juez Sergio Santamaría Chamú, titular del Juzgado Primero de Distrito en Michoacán, concedió una suspensión provisional para prevenir el “cese masivo” de personas juzgadoras del país, a favor de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed).

Tras el anuncio del Comité del Poder Judicial, los comités del Legislativo y el Ejecutivo informaron que continuarán con sus trabajos.

En el caso del Ejecutivo, determinó por unanimidad continuar con el proceso de elección de personas juzgadoras “en atención a lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial federal”, anunció Arturo Zaldívar, quien encabeza la Coordinación General de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia.

Mientras que integrantes del Comité de Evaluación del Poder Legislativo (CEPL) rechazaron detener el proceso de selección de candidaturas con el argumento de que ello violaría la Constitución y derechos políticos de las personas participantes.

En un escrito, el Comité argumentó que la decisión de suspender el proceso trastocaría los principios electorales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad, por lo que la suspensión dictada por el juez Sergio Santamaría Chamú resulta improcedente e inatendible.

Asimismo, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, informó que las personas aspirantes a una candidatura en la elección judicial que se habían inscrito a través del Comité de Evaluación del Poder Judicial serán integradas al proceso a través de los comités del Ejecutivo o el Legislativo.


Magistradas de la Corte piden reiniciar procesos en el Poder Judicial
La ministra Yasmín Esquivel Mossa solicitó este jueves al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenar la reanudación de labores del Comité de Evaluación del Poder Judicial luego de que éste suspendiera su participación en el proceso para elegir a jueces, magistrados y ministros.

En un documento de siete puntos presentado ante el Tribunal Pleno, la ministra calificó la suspensión de “ilegal” y señaló que el Comité de Evaluación es únicamente un órgano que auxilia al Pleno de la Suprema Corte en la postulación de candidaturas para la elección judicial, por lo que no “debe desconocer su jerarquía ni mucho menos detener sus actividades”.

En ese sentido, indicó que las únicas facultades constitucionales del Comité de Evaluación son recibir expedientes de las personas aspirantes, evaluar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, así como identificar a las personas mejor evaluadas que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo, con la finalidad de integrar los listados respectivos.

En consonancia, la ministra Loretta Ortiz Ahlf anunció que presentará una solicitud para dejar sin efectos el acuerdo tomado por el Comité de Evaluación del Poder Judicial.

En el documento compartido a través de sus redes sociales, Ortiz Ahlf sostiene que esta acción contraviene el artículo 96 constitucional que obliga a cada Poder de la Unión, incluida la Suprema Corte, a postular candidaturas para los cargos judiciales.

Asimismo, señala que el máximo tribunal no puede subordinar el cumplimiento de su mandato a lo decidido por un órgano técnico cuya función está “en extremo acotada”.

Ambas peticiones se suman a la presentada por la ministra Lenia Batres Guadarrama para solicitar la destitución inmediata de todos los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial.



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