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XALAPA.- En Michoacán los jornaleros de aguacate trabajan seis días a la semana y cuando el corte está entero (es decir, huertas bien cargadas) pueden ganar de 3 a 4 mil pesos a la semana. Cuando hay poco trabajo, los ingresos de los jornaleros son de 2 mil 500 pesos semanales, pese a que están expuestos a diversos accidentes principalmente, al ser trasladados en camionetas. Los empaques son propiedad de grandes consorcios estadunidenses (Calavo Growers, Fresh Del Monte, Mission Produce Inc, West Pak Avocado, entre otros), en ocasiones con socios minoritarios locales, y muy celosos de lo que ocurre en sus instalaciones, pero los jornaleros, no trabajan para las grandes empresas, sino para una multitud de empresas de corte. Las intermediarias –de outsourcing, les decían antes de la ley que en teoría puso fin a la subcontratación– tampoco ofrecen seguro social a sus empleados. Cada tanto, los gobiernos estatal y federal anuncian campañas de afiliación, reforzamiento de las inspecciones, multas. La poderosa Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM), que presume su adhesión a objetivos globales como el trabajo decente y realiza una tesonera labor de greenwashing, asiste a reuniones con funcionarios y declara cotidianamente tener toda la voluntad de formalizar a los trabajadores del sector. Desafortunadamente, los discursos y las leyes van por un camino y la realidad por otro. Esta semana, el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, reveló que muchos jornaleros no acceden a sus derechos sociales y trabajan para empresarios que no cumplen con las leyes laborales. En diciembre de 2021, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció que trabajaría para lograr la afiliación de 340 mil jornaleros agrícolas –la mayoría en el aguacate, seguidos por limón y berries– al Seguro Social. Claudio Méndez Fernández, secretario de Desarrollo Económico del gobierno estatal, ofrece una cifra conservadora: son 120 mil los trabajadores en toda la cadena productiva. Algunos de sus compañeros de gabinete doblan ese número, quizá porque consideran la cifra negra de las huertas irregulares. En otras declaraciones recientes, el mismo funcionario ha lamentado que 90 por ciento de los jornaleros del aguacate carezcan de seguridad social.
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