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XALAPA.- Por primera vez en Veracruz, el próximo 1 de junio de 2025 la ciudadanía podrá elegir a quienes ocuparán los cargos de jueces y magistrados del Poder Judicial del Estado (PJEV), luego de que ayer lunes 23 de diciembre, en sesión ordinaria, el Pleno del Congreso local aprobó con mayoría de votos las modificaciones a la Constitución Política del Estado, con las que se estableció la renovación del Poder Judicial de Veracruz, en armonización con la reforma federal que quedó establecida el pasado 15 de septiembre. La reforma constitucional establece que se aplicará la renovación de entre 17 y 21 magistraturas de los Tribunales de Disciplina Judicial, del Tribunal Superior de Justicia y de Conciliación y Arbitraje. El número de vacantes que se elijan dependerá del informe que el Poder Judicial de Veracruz emita al Congreso del Estado y en el que se integren las renuncias, vacantes, jubilaciones; así como los espacios que se considere necesario renovar. Además, se elegirá la mitad de jueces de Primera Instancia que pertenecen al Poder Judicial, correspondiente a 72 espacios. La elección de los cargos se realizará como parte del proceso electoral 2024-2025 en el que se renovarán los 212 ayuntamientos; así como 45 personas para cargos del Poder Judicial de la Federación (PJF): 5 ministras y 4 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); 16 magistraturas y 17 cargos de jueces con circunscripción en Veracruz; 2 magistradas y 1 magistrado de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). El proceso electoral estará a cargo del Organismo Público Local Electoral (OPLE), organismo que deberá definir las acciones a desarrollar para lograr la participación ciudadana. El proceso electoral para la elección de dichos cargos iniciará al siguiente día de la entrada en vigor del decreto, es decir, cuando sea publicado en la Gaceta Oficial del Estado. La reforma se aprobó con 39 votos a favor y 9 en contra de los diputados de oposición. En este marco, el magistrado del PJF, José Manuel de Alba, afirmó que tras la aprobación de la reforma, con la que se modificó la renovación del PJEV, “se va a acabar el estado de derecho”. Y es que, aseguró que dicha reforma afecta la división de poderes, que es la primera garantía constitucional que se tiene para la defensa de los gobernados y la protección de sus derechos humanos. Sin embargo, confió en que los ciudadanos tomen acciones para poder echarla abajo, pues hay mucha “pasividad” en los jueces y magistrados locales. “Si lo intenta la ciudadanía, pues puede suceder el juicio de amparo. En el juicio de amparo sí puede ser procedente porque aquí no es una reforma constitucional de la Constitución Federal, es de la Constitución local. A los jueces no los veo muy activos, jueces locales y magistrados locales, parece como que este tema no les está afectando, a diferencia del Poder Federal que nos defendimos”, expresó. Dijo que al atentar contra la división de poderes, se puede acudir a la Corte Interamericana, lo cual ya ha ocurrido en otros países. Precisó que tras la aprobación, que calificó como un “madruguete” al realizarla un día antes de la Navidad, se tiene un plazo de 30 días para poder tomar alguna acción legal. “Tienen un mes a partir de hoy, en la ley se pueden combatir 30 días a partir de expedición, tendría que ser amparo antes de irse a la Corte Interamericana”. En el mismo sentido, los diputados locales de oposición criticaron la aprobación fast-track de la reforma constitucional relacionada con el Poder Judicial. Los legisladores del PAN, PRI y MC acusaron que la reforma representa un retroceso en la impartición de justicia y que quienes resulten electos podrían incluso defender a grupos criminales. La diputada de Movimiento Ciudadano, María Elena Córdova Molina, dijo que la reforma no resuelve los problemas fundamentales, ya que las fiscalías siguen siendo “un coladero de impunidad” y el Poder Judicial no realiza el trabajo necesario. Afirmó que la reforma fue aprobada de manera exprés, sin un proceso transparente ni inclusivo. “¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué decidir tan apresuradamente sobre algo tan importante? No se escuchó a juezas, jueces, magistrados ni a la sociedad. La reforma no se discutió lo suficiente, ya que fue dictaminada en menos de 24 horas desde que se presentó”, sostuvo. Por su parte, el diputado priista Héctor Yunes Landa afirmó que quienes resulten electos en los cargos serán “la semilla del árbol envenenado” y que el sistema judicial será vulnerado incluso por el crimen organizado, que intentará imponer a sus jueces y magistrados buscando un “manto de protección”. Cuestionó por qué se acusa a los jueces de impunidad cuando, según él, 99 de cada 100 casos “naufragan” en el cajón de la Fiscalía, en archivos temporales o carpetazos que no llegan al Poder Judicial. Aseguró que elegir a jueces y magistrados mediante el voto popular abre la puerta al autoritarismo y a la improvisación. A su vez, la diputada del PAN, Indira Rosales, acusó que la reforma es electoralista y populista, y no contribuirá a mejorar la impartición de justicia. Criticó que este sistema de elección contiene ambigüedades, como la forma en que se elegirá al comité de evaluación de los aspirantes. Refirió que, tal como fue aprobada, la reforma no proporciona mecanismos para que la ciudadanía conozca a los aspirantes y lamentó que el OPLE sea el encargado de organizar la elección, a pesar de no habérsele asignado recursos extraordinarios para ello. En el mismo sentido, la diputada panista Montserrat Ortega Ruiz acusó que la reforma representa el desmantelamiento de la democracia, pues facilitará la intervención de grupos de poder para manipular la elección de los aspirantes. Aseguró que la elección popular afectará el acceso a la justicia y la seguridad jurídica de quienes participan en los procesos judiciales, y afirmó que la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial será un instrumento de persecución y castigo para los jueces que se opongan a los intereses del gobierno. Así las cosas.
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