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Xalapa, Ver.-
A principios de año el gobierno mexicano alertó que armas de uso exclusivo del ejército de Estados Unidos están entrando a México, en medio de una vorágine de violencia ligada al crimen organizado. Recientemente un reportaje de CBS News 60 Minutes, revela que, entre 200 mil y 500 mil armas son traficadas anualmente desde Estados Unidos hacia México, fenómeno conocido como el “río de hierro”. Estas armas son utilizadas por los cárteles mexicanos, intensificando la violencia y la crisis de seguridad en el país. En seis años, el gobierno mexicano ha confiscado, en los últimos seis años, 50 mil armas de alto calibre, de las cuales 75 por ciento provienen de Estados Unidos, según cifras proporcionadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Estas incluyen rifles calibre .50, capaces de perforar blindajes y disparar desde largas distancias, considerados favoritos de los cárteles. Para frenar este flujo, México ha adoptado por demandar a fabricantes y tiendas de armas estadounidenses en cortes de Estados Unidos. En 2021, presentó una demanda contra el fabricante Smith & Wesson y algunos de sus distribuidores, alegando prácticas irresponsables que facilitan el tráfico de armas. Un año después, presentó otra contra cinco tiendas en Arizona, a las que acusa de ser “actores negligentes” en este mercado ilícito. Alejandro Celorio, abogado del gobierno mexicano, subrayó la gravedad del problema al declarar que los cárteles sin armas serían solo pandillas. Según documentos revisados por CBS News, al menos 566 armas recuperadas en México entre 2015 y 2019 fueron rastreadas hasta esas cinco tiendas en Arizona, incluyendo una sola que vendió casi 200 de ellas. La relación entre el tráfico de armas y la violencia en México quedó evidenciada en eventos como el enfrentamiento de 2019, tras la captura de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Más de 600 hombres armados con rifles de asalto provenientes de Estados Unidos desataron un combate de cinco horas que incluyó bloqueos y toma de rehenes, obligando al gobierno mexicano a liberar a Guzmán para evitar más derramamiento de sangre. Tim Sloan, exagente de la ATF, explicó que el tráfico ocurre mediante “compradores fantasma” en Estados Unidos, personas que adquieren armas legalmente para luego pasarlas de contrabando a México. “Es tan fácil como conducir a través de la frontera”, explica. La demanda de México busca 10,000 millones de dólares en compensaciones y pretende sentar un precedente contra la industria armamentista. Sin embargo, fabricantes como Smith & Wesson rechazan las acusaciones, argumentando que no son responsables del uso final de sus productos. La Corte Suprema de Estados Unidos aún evalúa si permitirá que el caso avance.
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