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| Reforma al Infonavit permite al gobierno usar ahorros de trabajadores, aunque para construir viviendas. | ||||||
| El dictamen plantea la creación de una empresa filial del Instituto que se encargará de planear y coordinar la construcción de desarrollos habitacionales. Estos proyectos de vivienda, serán supervisados por comités integrados en su mayoría por funcionarios de gobierno. | ||||||
| Martes 17 de Diciembre de 2024 | ||||||
| Por: animalpolitico.com | ||||||
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El dictamen plantea la creación de una empresa filial del Instituto que se encargará de planear y coordinar la construcción de desarrollos habitacionales. Estos proyectos de vivienda, se establece, serán aprobados y supervisados por el Consejo de Administración y la Asamblea General, órganos en que se mantiene un equilibrio en cuanto a número de integrantes, de parte de obreros, empresarios y el propio gobierno. Sin embargo, con la reforma se estable que tres comités, de Vigilancia, Transparencia y Auditoría tendrán mayoría de integrantes del gobierno. Además de que la Presidencia de la República y no la Asamblea General nombrará al director o directora general del Infonavit. Y esa persona nombrada para la dirección general, además de proponer el plan financiero y de labores, podrá “asistir y presidir las sesiones del Consejo de Administración con voz y voto”, además de tener derecho de veto sobre las resoluciones del Consejo de Administración o de la Comisión de Vigilancia que no se adopten por unanimidad. Estos últimos puntos son los que han generado más controversia, con críticas sobre que se rompe el equilibrio del “modelo tripartita” de decisión. Especialistas, sindicatos y políticos de oposición mencionan que se abre la puerta para que se utilicen los rendimientos de los ahorros de los trabajadores en proyectos inmobiliarios, con el gobierno teniendo preponderancia para decidir la forma en que se ejecutarán. “Esta reforma abre la posibilidad de que en ciertos proyectos se pueda tomar cierta parte de los fondos para construir viviendas sociales, no para otra finalidad”, señaló Carla Escoffié, especialista en derecho a la vivienda, en Entrevista con El Sabueso de Animal Político. En la iniciativa se habla de usar parte de los “rendimientos” del ahorro de trabajadores, aunque Escoffié apuntó que este punto es ambigüo, y debería mejorarse la redacción, para definir con precisión qué recursos se usarán. “El Infonavit es un manejador de fondos, pero ahora se crea una filial gubernamental que se dedique a construir. Cuando se permite esta creación de esta filial, se vulnera el derecho de los trabajadores a decidir qué se hace con su dinero”, dijo Valeria Moy, directora del IMCO, en entrevista con W Radio. El dictamen avanzó en la Cámara Alta, sin embargo, en el caso de la Cámara de Diputados el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, dijo que se abriría un espacio de “mayor reflexión”, por lo que la reforma sería discutida hasta el próximo periodo ordinario, ya en 2025. Carlos Martínez, quien fue director del Infonavit en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, mencionó en la red X que el Instituto administra activos por casi 2.5 billones de pesos, aunque cerca de 763 mil millones se encuentran en un fondo de inversión a largo plazo, “es decir tiene vencimientos dentro de 4 o más años, no son recursos que estén disponibles al instante”. El resto de los activos, agregó, “es la cartera de crédito neta del instituto que equivale a 1.5 billones de pesos”, aunque no son recursos disponibles, sino garantías de crédito. “Ahora bien, cada año el Infonavit programa la cantidad de recursos que va a erogar en su programa de crédito, en los últimos años poco más de 200 mil millones anuales, ahora adicional a esta programación destinará un tanto a construir vivienda, este programa necesariamente pasa por aprobación de la Asamblea del Infonavit”, refirió. Gobierno tendrá mayor presencia en comités de vigilancia, transparencia y auditoría La propuesta aprobada por los senadores establece que el Infonavit o su empresa filial podrán destinar los recursos bajo su administración para inversiones propias de construcción, adquisición y mantenimiento de inmuebles en terrenos propiedad del Instituto, y destinados a vivienda de los derechohabientes. Estos recursos se integran por recursos bajo control del instituto, los cuales son aportados por presupuesto federal, pero también por rendimientos del Fondo Nacional de la Vivienda, es decir, las subcuentas de vivienda, el ahorro de las y los trabajadores. Un aspecto clave sobre el uso de recursos para la construcción, administración y arrendamiento de vivienda que propone la iniciativa presidencial es que estos planes deben ser examinados y aprobados por el Consejo de Administración y la Asamblea General del Infonavit. La Asamblea General estará conformada por 30 integrantes: 10 representantes del gobierno federal; 10 de las personas trabajadoras y 10 de las personas empleadoras. Este órgano será el encargado de aprobar los planes de labores, financieros y de financiamiento del Instituto. También aprobará las políticas generales de crédito, arrendamiento social, administración inmobiliaria y enajenación de vivienda. El Consejo de Administración, en tanto, estará formado por 12 integrantes: cuatro del gobierno federal; cuatro de las personas trabajadoras y cuatro de las personas empleadoras. Este Consejo decidirá sobre las inversiones y financiamientos del Infonavit. Al mismo tiempo, dará su visto bueno para que la Asamblea conozca las proyecciones financieras, el presupuesto de ingresos y egresos, así como los planes de labores, financieros y financiamiento del Instituto. Igualmente, aprobará las reglas para otorgar créditos, financiamientos y el acceso a programas de vivienda. También, dará a conocer las reglas de negocio de cada opción de financiamiento. La supervisión de la empresa constructora quedará bajo el mandato de este Consejo. A pesar de que el modelo tripartita se mantienen en estos dos órganos de manera equilibrada, la Comisión de Vigilancia, Comité de Transparencia y Auditoría tendrían mayoría del gobierno federal, como lo demuestra el mismo dictamen. En el caso de la Comisión de Vigilancia, tendría 5 integrantes del gobierno federal, 2 del sector obrero, y 2 del empresarial. En la de auditoría, habría tres integrantes del gobierno federal, uno del sector obrero y otro del empresarial. Además con la reforma también desaparecen las direcciones sectoriales de los trabajadores y de las personas empleadores, áreas encargadas de recopilar las opiniones y criterios de su sector. “Gran parte de cómo se va a disponer los recursos se ve mediado por la composición del Infonavit, y al tener mayor participación del gobierno sí genera duda de qué tan equilibrado esté el Instituto. Este es un problema que se pudo haber ahorrado si esta propuesta de vivienda social no se hubiese hecho a través del Infonavit”, dijo Escoffié. En términos generales, la Comisión de Vigilancia revisa el cumplimiento de las normas internas del Infonavit y el quehacer de cada órgano, además de emitir opiniones sobre los dictámenes financieros. Por su parte, el Comité de Auditoría informa sobre los riesgos financieros del Instituto, vigila que se cumpla la normatividad en el manejo de activos y pasivos, y revisa y aprueba los dictámenes financieros del Instituto. Mientras que el Comité de Transparencia vigila que se cumpla la transparencia y protección de datos dentro del Infonavit, y promueve la transparencia en los procedimientos de compra-venta. Otro de los cambios que propone la iniciativa de reforma es que la persona titular de la Dirección General del Infonavit sea designada directamente por la Presidencia de la República. Actualmente, este puesto es aprobado por la Asamblea General. Dentro de sus facultades, el director o la directora general podrá: vetar resoluciones del Consejo de Administración o de la Comisión de Vigilancia, cuando no haya unanimidad. Además de proponer al Consejo de Administración los programas de financiamiento, construcción, administración inmobiliaria, arrendamiento social, enajenación de vivienda, y de crédito a ser otorgados por el Instituto También se encarga de expedir el Estatuto Orgánico, documento que tiene la estructura, organización, facultades y funciones de las áreas del Infonavit. Por otro lado, la iniciativa elimina la participación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en cuanto a la aprobación de los sistemas de organización de contabilidad y la vigilancia de las operaciones del Instituto. En contraste, la Secretaría de Hacienda será quien emitirá las reglas en materia de crédito y supervisará su cumplimiento. También, podrá opinar sobre el régimen de inversión. Mientras que la Asamblea General establecerá las políticas de contabilidad y auditoría interna, así como revisará las operaciones en materia inmobiliaria. Recursos para viviendas de los trabajadores El Infonavit, se establece en la iniciativa, deberá garantizar que se destinen recursos suficientes para otorgar créditos a las personas derechohabientes. “Se precisa que la fuente de financiamiento para la construcción, administración inmobiliaria y arrendamiento social de vivienda deriva directamente de cualquier recurso bajo administración del Infonavit, es decir recursos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda (principalmente recursos en numerario) o del patrimonio del propio Instituto (principalmente el suelo que sea adquirido por recursos que no provengan del Fondo)”, señala la iniciativa. Escoffié explicó que los proyectos de construcción de vivienda se prevén en colaboración con otras dependencias como la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). El Infonavit, se detalla, deberá establecer programas para otorgar acceso a la vivienda a los trabajadores, mediante el esquema de arrendamiento social. De acuerdo con la propuesta, al cumplir un año de cotización continua, los trabajadores tendrán el derecho de participar en el programa de arrendamiento social de vivienda construida o administrada por el Infonavit que se encuentre cerca de su centro de trabajo, así como en los programas de opción de compra de dichas viviendas. En cuanto a las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, se apunta que los salarios mínimos no podrán ser objeto de compensación, descuento o reducción, salvo en los casos de rentas del Infonavit destinadas al arrendamiento social, siempre y cuando éstas no sobrepasen el 30%. Por: Oscar Nogueda Romero |
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