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Xalapa, Ver.-
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Volker Türk, externa su preocupación por la propuesta de reforma constitucional que amplía el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa, por lo que pide a los legisladores en México a detener esta iniciativa y garantizar que la ley del país “esté plenamente acorde con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”. Desde Ginebra, Suiza, argumenta que la prisión preventiva automática “contraviene principios esenciales de derechos humanos”, enfatiza que esta figura “no debe ser una práctica general, sino una medida basada en una decisión individualizada por parte de una autoridad judicial de que las circunstancias de cada caso justifican dicha detención”. La reforma, que forma parte de una serie de modificaciones constitucionales ya adoptadas o en revisión, fue aprobada el 13 de noviembre por la Cámara de Diputados y actualmente está siendo analizada por el Senado. Esta modificación agrega delitos como la extorsión, el contrabando y ciertos tipo penales relacionados con las drogas a la lista de cargos en los que la prisión preventiva es automática. En un comunicado, la ONU-DH recordó que mecanismos internacionales, como el Comité de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, han recomendado reiteradamente eliminar la prisión preventiva oficiosa de la legislación y la práctica en México.
Türk señaló que México enfrenta diversos desafíos en materia de seguridad y acceso a la justicia, pero ampliar el uso de la prisión preventiva oficiosa “no es la respuesta”.
“En su lugar, es importante enfocarse en fortalecer la capacidad de las fiscalías para reunir evidencia y demostrar la necesidad y proporcionalidad de la prisión preventiva ante una autoridad judicial caso por caso, considerando alternativas a la privación de la libertad”, indica. En el escrito señala que si bien hay recientes reformas constitucionales que apuntan a fortalecer los derechos de las mujeres, la igualdad de género y los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, “lo cual es bien recibido, otras modificaciones generan serias preocupaciones en materia de derechos humanos”.
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