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XALAPA.- Aunque reconoció que ha habido avances legales como la despenalización del aborto en 2021, la representante del colectivo Marea Verde Altas Montañas, Luz María Reyes Huerta, afirmó que los retos en la implementación de políticas públicas siguen siendo significativos. En ese sentido, luego de las declaraciones de las autoridades sobre el levantamiento de la Alerta de Género por Agravio Comparado, señaló que éstas resultan irresponsables y alejadas de la realidad. La alerta fue emitida en 2016 debido a la falta de acceso a servicios de salud reproductiva y al alto índice de violencia contra las mujeres en Veracruz. “Nos sorprende que se hable de levantar la alerta cuando aún hay tantas anomalías en el sistema. Desde la falta de medicamentos hasta la desinformación y los horarios limitados, la atención no está garantizada para todas las mujeres. Las autoridades no están viendo la realidad que vivimos las veracruzanas”, aseguró la activista. Y es que, el colectivo Marea Verde Altas Montañas ha denunciado que en el estado de Veracruz “aún persisten obstáculos en el acceso al derecho al aborto”. Por lo anterior, Reyes Huerta expresó su preocupación ante las recientes declaraciones de las autoridades sobre la posibilidad de levantar la Alerta de Género por Agravio Comparado en el estado. De acuerdo con la activista, estas afirmaciones “no reflejan la realidad que enfrentan las mujeres al intentar ejercer su derecho a interrumpir el embarazo de manera legal y segura, ya que aún persisten múltiples obstáculos que vulneran sus derechos”, reiteró. Dijo que las principales barreras para el acceso al aborto legal en el estado incluyen la falta de medicamentos, horarios restringidos para la atención en los módulos correspondientes, y la desinformación generalizada sobre el proceso. Afirmó que una de las principales quejas radica en las limitaciones del servicio en los hospitales de salud pública. De acuerdo con el colectivo, el módulo de atención para la interrupción legal del embarazo (ILE) sólo funciona lunes, miércoles y viernes, complicando el acceso. “Si una mujer baja desde su comunidad (serrana) en un día en que no hay atención, tiene que regresar en otra ocasión, lo que implica costos económicos y desgaste físico y emocional. No todas tienen los recursos para hacerlo”, lamentó Reyes Huerta. Además, destacó que no está garantizada la empatía ni la adecuada formación del personal. Denunció que en varias ocasiones han recibido reportes de mujeres que fueron revictimizadas o incluso se les negó el servicio, lo que evidencia deficiencias en la capacitación y sensibilización del personal del sector salud. Otra de las problemáticas señaladas es la desinformación. Según datos del colectivo, el 80 por ciento de las mujeres que buscan orientación sobre cómo realizar un aborto desconocen el procedimiento, los documentos necesarios o los lugares donde pueden recibir atención. “No hay información visible en las clínicas del sector salud que indique que interrumpir el embarazo hasta las 12 semanas es un derecho. Tampoco se explica qué documentos deben presentar ni qué ruta seguir. Esta falta de claridad deja a las mujeres en un estado de incertidumbre y desprotección”, explicó Reyes Huerta. Refirió que este vacío informativo también contribuye a perpetuar mitos y estigmas en torno al aborto. Asimismo, se hizo un llamado a las autoridades para que revisen a fondo las condiciones actuales y garanticen el pleno acceso al derecho al aborto en Veracruz. Entre sus demandas se encuentran: Ampliar los horarios de atención en los módulos; garantizar el abastecimiento de medicamentos necesarios para los procedimientos; capacitar al personal médico y administrativo para brindar atención integral y sin prejuicios; difundir información clara y accesible sobre los derechos reproductivos de las mujeres en todas las unidades de salud. La situación en Veracruz refleja una contradicción entre los avances legales y las condiciones reales de acceso. Para las activistas, garantizar el derecho a decidir no sólo requiere cambios en las leyes, sino una implementación efectiva que responda a las necesidades de las mujeres, especialmente de aquellas en situación de mayor vulnerabilidad.
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