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Cortesia.
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Xalapa, Ver.-
La elección judicial se podría convertir en la más cara de México, luego de que el Instituto Nacional Electoral aprobó solicitar 13 mil 205 millones de pesos para realizarla, con la aclaración de que se trata de un tema precautorio y que podría cambiar una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tome una decisión sobre la reforma judicial. Debido a que el proceso electoral sigue en pausa debido a las suspensiones y amparos concedidas por jueces, el Consejo General aclaró que, en medio de toda esta incertidumbre, decidieron privilegiar no colocar al INE en un estado de “indefensión” presupuestal pues la Secretaría de Hacienda cerrará la recepción de presupuestos este martes, por lo que se aprobó como un “proceso electoral de realización incierta”. Pese a que el consejero Jaime Rivera pidió posponer esta votación hasta que hubiera mayor certeza jurídica de qué pasará con la elección de juzgadores, tras dos horas de reunión privada, acordaron por unanimidad que era mejor su aprobación, a fin de blindar al INE en caso de que la reforma judicial quede firme. Recordó que la Secretaría de Hacienda ha fijado el 5 de noviembre para enviar peticiones presupuestales. La consejera presidenta Guadalupe Taddei destaca que, aunque no cuentan con un marco geográfico porque las suspensiones los obligaron a detener la organización, blindarán al INE para que pueda tener presupuesto en caso de que se mantenga la reforma. Las consejerías fueron insistentes en aclarar que si bien están en medio de suspensiones y están en espera de que este martes la Suprema Corte resuelva, pues la acción aclarativa del Tribunal Electoral que declaró “inconstitucionalmente inviable” suspender la organización al final no fue clara, es mejor ser precavidos. El presupuesto plantea como el rubro más caro, seis mil millones 830 millones de pesos que requiere la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica para contratar a personal que deberá recorrer todo el país para capacitar a las miles de personas que deberán aprender un proceso nuevo de votación y cómo recibir los votos de sus vecinos. El segundo concepto de mayor inversión por más de cuatro mil 522 millones de pesos es para la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral para todo lo relacionado con los lugares de votación, desde su instalación, limpieza, hasta la alimentación de las y los funcionarios de casilla. Y el tercer rubro es la Dirección Ejecutiva de Administración con una bolsa de más de mil millones de pesos para un bono extra para los funcionarios por las cargas extras de trabajo que implicará esta elección, y que desde 2012 excluía al Consejo General y altos funcionarios, por sus altos sueldos, pero que la consejera presidenta Guadalupe Taddei decidió revivir desde el pasado proceso electoral.
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