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Cortesia.
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Xalapa, Ver.- En Veracruz, según cifras oficiales, actualmente se reportan más de 5 mil personas desaparecidas, sin embargo, el número podría aumentar pues muchas familias no han presentado denuncias debido a la falta de acceso a sus derechos humanos en la entidad, lo que además ha complicado la búsqueda de sus seres queridos. "A pesar de que hay un registro oficial de personas desaparecidas, tenemos problemas porque muchas familias no han denunciado las desapariciones debido a la falta de acceso a sus derechos", aseguró Pedro Gilberto Lobato Cruz, coordinador del Consejo Estatal Ciudadano del Mecanismo de Búsqueda de Personas. Aunado a lo anterior, refirió que en los últimos dos años, Veracruz ha registrado únicamente ocho sentencias por desapariciones forzadas y desapariciones cometidas por particulares, sin que se haya responsabilizado a altos mandos. Durante un conversatorio organizado por la Universidad Veracruzana, Lobato Cruz explicó que, entre 2022 y 2024, las sentencias han sido dictadas principalmente contra mandos medios o bajos, mientras que las personas responsables de ejecutar o dirigir estas políticas de desaparición no han sido procesadas. "No tenemos sentencias a personas que fungieron como ejecutores o responsables de estas políticas", afirmó. El coordinador señaló que el acceso a la verdad es uno de los principales retos que enfrenta el estado pues destacó que, a pesar de las detenciones realizadas, en muchos casos no se ha logrado localizar a las personas desaparecidas. “En otros casos, los cuerpos han sido entregados a sus familiares, pero persisten dudas sobre lo que realmente sucedió”, apuntó. El coordinador subrayó que las víctimas de desaparición no solo son las personas que desaparecen, sino también sus familias, quienes enfrentan obstáculos adicionales debido a la falta de acceso a la información y a sus derechos dentro del sistema judicial. "Cuando hablamos de víctimas de desaparición, no es solo la persona que fue llevada, sino también la familia, que queda en una situación de desprotección frente a instituciones que no son adecuadas, que no les dan acceso a las carpetas de investigación ni respetan sus derechos", expuso. Refirió que ante este panorama, muchas familias se ven obligadas a reunir pruebas por su cuenta y presentarlas a las fiscalías, lo que agrava el impacto emocional y físico en su salud. "Debemos discutir cómo la falta de justicia y el acceso a la verdad afecta la salud de las familias. En muchos casos, las familias están desarrollando enfermedades debido a esta incertidumbre, algo que, en otras circunstancias, no sucedería", aseguró Lobato Cruz. Dijo que el miedo y la angustia se han convertido en una constante entre los familiares de personas desaparecidas, quienes temen no poder encontrar a sus seres queridos a medida que envejecen. "Las familias se preguntan: ‘me estoy volviendo más viejo, estoy perdiendo mis fuerzas, y no sé si podré encontrar a mi familiar’", señaló. Para suplir esta carencia, las familias han tenido que recurrir a la profesionalización en la búsqueda de desaparecidos, apoyándose en organizaciones y otros espacios, ante la falta de apoyo gubernamental, concluyó.
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