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XALAPA.- El Gobierno de la Ciudad de México emitió un decreto de reforma al artículo 3º de la Constitución local en materia de propiedad privada, pública y social, con el cual elimina de la legislación capitalina el “respeto a la propiedad privada” como principio rector. Sin embargo, el jefe de Gobierno, Martí Batres, asegura que el objetivo es evitar que “el actual Poder Judicial” pueda realizar interpretaciones de las normas locales en favor de “los grupos económicos más poderosos” y se revierte una parte del andamiaje jurídico e ideológico del neoliberalismo. Justifica que, con ello, no sólo se protege la propiedad privada, sino la propiedad pública y la propiedad social, “acorde con los valores de la cuarta transformación”. El morenista, quien publicó la reforma al artículo tercero de la Constitución de la capital mediante la cual se homologa el principio de propiedad privada acorde con el artículo 27 de la Constitución federal, indica: “¿Qué decía la Constitución de la Ciudad de México hasta hace algunos días? ‘La Ciudad de México asume como principios el respeto a la propiedad privada’. ¿Qué dice ahora? ‘La Ciudad de México asume como principios el respeto a la propiedad en los mismos términos del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos’”. Indica: “Ante la falta de claridad estamos en riesgo, en cualquier momento, de que el actual Poder Judicial, en algunas de sus instancias, juzgados de distrito, tribunales o Suprema Corte, pueda interpretar nuestras normas constitucionales en favor de los grupos económicos más poderosos, haciendo a un lado el artículo 27 de la Constitución”. “Como ese riesgo existía, consideramos muy importante, muy pertinente, dejar claro de cualquier manera, de forma inequívoca, que el precepto que nos guía en la Ciudad de México en materia de propiedad es el que señala el artículo 27 de la Constitución”, asevera Batres. Al presentar el nuevo decreto, Batres argumenta que con la reforma quedan protegidas en la capital la propiedad privada, la propiedad pública y la propiedad social dentro de marcos y principios establecidos en la Constitución federal.
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