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XALAPA.- El magistrado de circuito Miguel Bonilla López, alerta que Una de las consecuencias "nefastas" que tendría la iniciativa de reforma judicial presentada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador es que la elección popular de jueces y magistrados abriría la posibilidad a que grupos de poder, incluso ilegales, ejerzan presión efectiva sobre el Poder Judicial. En entrevista, el magistrado de circuito del Pleno Regional en materia Penal y de Trabajo de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, explica que la iniciativa presentada por el Presidente López Obrador debe ser analizada en función del fin declarado de la misma, que es el perfeccionamiento de la justicia federal. Por ejemplo, dice que si los tres poderes van a elegir posibles candidatos a jueces, se estaría permitiendo que grupos de poder, como empresariales, sindicales o, incluso, del crimen organizado, puedan ejercer presión efectiva para que las listas de personas elegibles estén integradas por candidatos que “de alguna forma llevan ya un favor”. “Si yo tengo que acercarme a un grupo político para que me impulsen y pueda ser designado candidato y se vote por mí, pues sí voy a aceptar posiblemente la injerencia de un poder extraño”, comenta. Insinúa, que con este método se está olvidando el tema de la preparación técnica y la solvencia moral. “Es muy posible que no sean puestas en esas listas personas por su capacidad técnica o por su solvencia moral”. El magistrado enfatiza que la impartición de justicia debe verse como un servicio público al que tienen derecho los ciudadanos. “¿Qué exigimos de las personas que van a ofrecernos servicios de salud, electricidad, agua potable o de extinción de incendios, por ejemplo?, Pedimos competencia técnica y experiencia. Si esto ocurre con servicios públicos como estos, pues cuanto más es necesario para el servicio público de administración e impartición de justicia, comenta. Asimismo, señala que la elección popular es un mal método para escoger a personal cuyo perfil es necesariamente de experiencia y calificación técnica. Por otro lado, destaca que la reforma en cuestión va a consumir abundantes recursos materiales y económicos y, al final, la relación costo beneficio será nula porque no se va a mejorar la justicia. Además, afirma, los aspectos que atacan la independencia judicial van a enviar una muy mala señal a los inversionistas, nacionales y extranjeros, de cuyo capital depende en buena medida el desarrollo económico del país y el empleo. En ese tenor, mencionó que para que una inversión esté protegida, debe haber la seguridad de que en caso de presentarse un conflicto exista un mecanismo de solución confiable, que el juez que va a resolver sea imparcial. Indica que los inversionistas, como los ciudadanos en general, tienen derecho a saber que, en caso de litigio, su caso va a ser resuelto conforme a derecho y nada más, sin ninguna injerencia extraña, sin que ningún poder económico, político, social o criminal, vaya a ejercer presión sobre el pensamiento del juez. En ese aspecto, el juzgador mencionó que los jueces deben tener garantías de estabilidad en el empleo. “Que el juez esté seguro de que a partir de su nombramiento no puede ser separado de su cargo, sino porque incurra en una causal de responsabilidad, porque tenga mala conducta”. Por otra parte, lamenta que con la reforma se elimine la carrera judicial en la cual se ha ido la mayor parte del presupuesto del poder Judicial de los últimos años. “. Si damos al traste con todo esto, pues me parece que hay una relación nula de costo-beneficio y estamos tirando por la borda, 30 años de experiencia y de inversión y no es cosa menor”.
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