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XALAPA.- La reforma al Poder Judicial, propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, podría llevar a sanciones internacionales por el incumplimiento de los estándares en derechos humanos e independencia judicial, que impactará negativamente a la economía mexicana, alerta la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Al encabezar un foro de análisis sobre la reforma al Poder Judicial, el presidente del organismo empresarial, José Medina Mora, asevera que la elección de jueces, magistrados y ministros que plantea la reforma al Poder Judicial podría erosionar la confianza pública y la atracción de inversiones por la probable parcialidad de las resoluciones judiciales. Medina Mora destacó que ningún país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) elige a jueces y magistrados y advierte que la elección popular de jueces, magistrados y ministros, puede politizar la justicia, generando conflictos de intereses y comprometiendo la imparcialidad de los impartidores de justicia. Opina que la elección popular de jueces no legitima su función, ya que los estándares internacionales exigen que los jueces tengan una carrera judicial que acredite su técnica y conocimientos sobre la impartición de justicia. Medina Mora señala que se ha argumentado que en Estados Unidos se elige a los jueces, pero acotó que en realdad son jueces locales y no federales, que además es un jurado el que toma la resolución. Señala que "Los ciudadanos japoneses nunca han elegido a sus jueces a través del voto popular ni a través de urnas”, en respuesta a los argumentos de políticos de Morena de que también se eligen jueces en Japón, pero “no es cierto y hoy en Japón hay un mecanismo para remover jueces”, dice. El presidente de la Coparmex se queja de que los Foros de Diálogo para la reforma al poder judicial que convocó la Cámara de Diputados no fueron tan “abiertos”, ni tampoco fueron incluidas las observaciones que hizo este sector patronal. Por ello, optaron por hacer sus propios foros para escuchar a expertos de los principales colegios de abogacía, la academia, de tal manera que cuenten con una propuesta sobre lo que se debe conservar y que cambiar en esta reforma al poder judicial.
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