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| Amenazan funcionarios a dirigentes de la Cuenca Libres-Oriental. | ||||||
| En la rueda de prensa, condenaron que a más de un mes de la represión de la policía estatal de Veracruz, sigue sin esclarecerse quién ordenó disparar contra los campesinos y ejidatarios que se manifestaban frente a las instalaciones de Granjas Carroll. | ||||||
| Lunes 05 de Agosto de 2024 | ||||||
| Por: La Jornada | ||||||
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Las advertencias se las hicieron antes de ser notificados de la denuncia penal que la empresa porcícola más grande de América Latina interpuso en su contra por las manifestaciones que han realizado contra la trasnacional, a la que acusan de contaminar los mantos freáticos y acaparar el agua. Ayer, en una conferencia de prensa en el zócalo de esta ciudad, los líderes Renato Romero y Moisés Moratilla, señalaron como los responsables de proferir las amenazas a Justino Cerezo Cerezo, coordinador de comisionados de la Dirección General de Gobierno; Osvaldo de la Rosa, delegado de la Secretaría de Gobernación estatal en la región Libres Oriental, y a Celso Leal, presidente del Consejo de Cuenca Rio Balsas. A estos dos últimos los acusaron también de ser quienes exhiben a los participantes en las movilizaciones y a quienes difunden en redes sociales noticias o contenidos contra la criadora de cerdos propiedad de la estadunidense Smithfield. El pasado fin de semana al menos ocho personas -no todos integrantes del Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres Oriental fueron notificados en sus domicilios por personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) con una “invitación a una sesión de mediación respecto del procedimiento alternativo como solución a una controversia de naturaleza penal”. Tanto Romero como Moratilla advirtieron que se trata de “una amenaza y una imposición de censura, criminalizándoles por pedir agua” y mostraron el citatorio para este miércoles 7 de agosto, en el que se les conmina a someterse ‘a un acuerdo reparatorio justo, evitando con ello un proceso jurisdiccional’. El requerimiento judicial se giró luego que labriegos y ejidatarios de Puebla y Veracruz, instalaron un plantón frente a las instalaciones de Granjas Carroll, en el municipio de Oriental, reactivando con ello las protestas a más de un mes de que dos campesinos fueron asesinados. Los hermanos Alberto y Jorge Cortina fueron ultimados el 20 de junio durante el desalojo violento de un plantón de opositores a la planta porcíola en la comunidad de Totalco, municipio de Perote, Veracruz. Los uniformados persiguieron hasta sus casas a los inconformes, varios de los cuales resultaron heridos. “Cárcel, desaparición y muerte” han sido las amenazas “Nos amagan con cárcel pero antes, funcionarios del gobierno, ya nos habían intimidado con asesinarnos y desaparecernos sino frenábamos las protestas contra Granjas Carroll”, denunció Moisés Moratilla, un apicultor que ha producido miel en una de las regiones más áridas de Puebla. El productor de Tepeyahualco ha responsabilizado a la trasnacional de haber contaminado su miel, luego que un laboratorio detectara antibióticos, sulfas y heces fecales animales. Moratilla reveló que el 22 de mayo pasado fue amedrentado, primero por teléfono y luego en el salón de cabildo del ayuntamiento de Oriental, en un intento por frenar las manifestaciones contra la compañía porcícola. “Me dijeron mira Moisés de eso que dices de tu contaminación de tu miel provocada por la empresa, es mentira, ¿y sí sabes lo que va a pasar contigo, Renato y Justo? ¿si sabes que yo los puedo desaparecer, que yo los puedo meter al bote en este momento? es más: desde ahorita tú ya no te vas…”, relató. Esas fueron las amenazas, detalló, “así me trató el funcionario de la Secretaría de Gobernación”, refiriéndose a Justino Cerezo Cerezo, coordinador de comisionados de la Dirección General de Gobierno. Renato Romero, uno de los líderes visibles del Movimiento acusó que el gobierno poblano, encabezado por el morenista Sergio Salomón Céspedes Peregrina empezó a amedrentar a dirigentes y campesinos, el 21 de mayo. En reuniones “por separado”, agregó, les disuadía de no continuar con protestas y les advertía que “vendrían consecuencias mayores”. “El gobierno de Veracruz no es el único responsable de lo que pasó en Totalco, donde fueron acribillados dos agricultores, también es competencia del gobierno de Puebla, el 20 de junio cumplieron sus amenazas, iban contra mí, dos veces los campesinos me salvaron. Para mí, para los compañeros, esto fue una conspiración contra el pueblo”, sostuvo Romero. Los integrantes del Movimiento consideraron que las denuncias en su contra no es una práctica nueva. Recordaron que en 2007 y 2008, se incriminó a cinco defensores del agua y el territorio por exigir el cierre de las “pestilentes” naves de la criadora de cerdos. “Años después la fórmula para criminalizar las protestas se repite, silenciando los abusos”, reclamaron. En la rueda de prensa, condenaron que a más de un mes de la represión de la policía estatal de Veracruz, sigue sin esclarecerse quién ordenó disparar contra los campesinos y ejidatarios que se manifestaban frente a las instalaciones de Granjas Carroll. |
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