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XALAPA.- Un análisis de los acuerdos tomados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, reveló que el lema “definitivo e inatacable”, ha quedado en el cajón del olvido, pues en medio de las resoluciones en las que determinarán la validez definitiva de las elecciones del 2 de junio, incluida la presidencial, ni siquiera han cumplido las sentencias que las vinculan a ellas mismas para emitir una resolución que pruebe la certeza, la legalidad y la equidad. Y es que, el acuerdo de crear un catálogo de funcionarios públicos que hayan cometido ilícitos electorales para considerarlo al validar las elecciones, quedó en el cajón sin que hayan cumplido lo que se autoimpusieron. En ese sentido, se confirmó que la sentencia del pasado 28 de febrero en la que se ‘suavizó’ la propuesta de crear un catálogo genérico de funcionarios que hubieran cometido ilícitos electorales, en lugar de un cuadernillo vinculante sólo para la elección presidencial, simplemente quedó olvidada. En la decisión firme que se publicó en estrados oficiales hace cinco meses, el 4 de marzo, se ordenó a la Secretaría General proponer el acuerdo al pleno, lo que ésta cumplió y lo presentó ante la Sala Superior, pero el bloque mayoritario de la magistrada presidenta Mónica Soto ni siquiera terminó de aprobarlo, no emitieron ningún comentario, no lo firmaron para que se le diera trámite y ni siquiera pudo comenzar a implementarse, por lo que están en pleno autodesacato. Fuentes de la Sala Superior involucradas en este proceso confirmaron que el incumplimiento fue directo de las magistraturas aunque nunca hubo una notificación del porqué, ni los motivos por los que la magistrada presidenta Mónica Soto no ordenó el cabal cumplimiento de una propuesta que incluso, es de su autoría. Señalaron que la Secretaría General de Acuerdos, en ese momento a cargo de Rodrigo Sánchez Gracia presentó una propuesta sobre la creación de un micrositio de fácil acceso y consulta, para que incluso la ciudadanía en general pudiera revisar los ilícitos electorales por los que cada funcionario ha sido sancionado, cuántas sentencias tiene y el impacto en la elección en ese entonces en curso. La propuesta contemplaba protección de datos personales y reglas sobre el funcionamiento, el tiempo que permanecería el registro de cada funcionario que preveía apegarse a los cinco años que marca la norma electoral en materia de prescripción, e incluso, impulsaba un avance tecnológico hasta de inteligencia artificial para la clasificación de los casos. En este marco, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón y Janine Otálora presentaron su voto particular parcial y firmaron para continuar el proceso, pero el bloque mayoritario no terminó de aprobarlo y simplemente se quedó el trámite incompleto. En la sesión del 28 febrero, a punto de comenzar las campañas electorales, la magistrada Janine Otálora propuso la creación de un cuadernillo de antecedentes que estableciera todas las intervenciones ilícitas en la elección presidencial, ante la reincidencia en la intromisión del presidente Andrés Manuel López Obrador, gobernadores y funcionarios públicos, para que esto se considerara de manera automática al validar la elección presidencial y determinar su equidad, legalidad y certeza. Sin embargo, la magistrada presidenta Mónica Soto cambió la propuesta por un catálogo genérico que aseguró, sería mucho más amplio pues no tendría una vinculación con la elección presidencial sino con todos los procesos electorales, para enlistar a todo funcionario que se haya sancionado por ilícitos electorales. La magistrada Otálora accedió a cambiar su propuesta, se pospuso una semana y presentó un nuevo proyecto con ambas propuestas para que ninguna afectara a la otra, pero tras un debate de casi dos horas, el bloque de Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes lo rechazaron argumentando que lo viable era sólo un catálogo público de infractores y no sólo para la elección presidencial sino para todas las contiendas. No obstante, la propuesta de la magistrada presidenta nunca se materializó, pues ella misma no impulsó su cumplimiento. Por lo que, a la fecha y a contrarreloj para validar la elección presidencial, una sentencia de hace cinco meses sigue empolvándose en el cajón. Y aunque podrían retomarla, ya no tendría la vinculación que prometieron con las elecciones de este año, que están a punto de resolver y a lo que la propia Sala Superior se auto vinculó sin que lo hayan cumplido. Así las cosas.
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