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XALAPA.- La agencia de calificación crediticia Fitch Raitings externa su preocupación por el impacto "negativo" en el "apetito de inversión" en el país que pudiera tener la reforma judicial impulsada por el Presidente, Andrés Manuel López Obrador. En un comunicado, alerta que las reformas judiciales propuestas en México podrían afectar negativamente el apetito de inversión y el entorno de negocios de las empresas no financieras si su implementación impide la autonomía y calidad del sistema judicial, sin embargo, reconoce que es pronto para calibrar las consecuencias de la modificación constitucional, cree que "estas reformas en general afectarían negativamente al perfil institucional de México". El informe hace referencia a la inestabilidad económica que se generó tras los resultados de la elección del 2 de junio, cuando el peso mexicano se depreció hasta 10 por ciento frente al dólar, aunque esa variación ya se ha ido ajustando, “a medida que los participantes del mercado han atenuado las preocupaciones sobre los resultados electorales”. A la vez, el rendimiento del bono mexicano a 30 años aumentó de 9.82 por ciento el 31 de mayo, a 10.31 por ciento el 16 de julio, como resultado de las reservas por parte de inversionistas. En un análisis, que en parte recuperó la argumentación con la que ratificó la calificación de la deuda mexicana en BBB-, con perspectiva estable, Fitch enfatiza que la reforma judicial, en los términos hasta ahora propuestos “podría afectar negativamente el apetito de inversión y el entorno empresarial de las empresas no financieras si su implementación obstaculiza la autonomía y la calidad del sistema judicial”. Destaca que con la reforma judicial la afectación al clima de inversión también se pone en vilo las oportunidades que pueda dejar la relocalización de cadenas de suministro, sobre todo en sectores vinculados con la manufactura, industrias orientadas a la exportación y bienes raíces industriales. Fitch admite que el sector privado está preocupado por una eventual aprobación de la reforma al poder judicial, sobre todo en lo que toca a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dado que “podría favorecer a las empresas estatales sobre las entidades de propiedad privada”. Por ejemplo, señala que “Las decisiones de la SCJN han jugado un papel clave en la protección de las empresas frente a iniciativas estatales o de agencias fiscales, como fue el caso cuando la SCJN otorgó protección a las empresas contra las reformas constitucionales en el sector eléctrico o emitió un amparo para evitar el pago de impuestos exigidos por las autoridades mexicanas”.
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