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Xalapa, Ver.- Nuevamente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirma que el Presidente Andrés Manuel López Obrador violó la neutralidad, imparcialidad y equidad en la contienda electoral, además de que hizo un uso indebido de recursos públicos durante sus mañaneras del 6, 7, 8 y 9 de febrero, en las cuales solicitó apoyo a la ciudadanía para dar continuidad a su proyecto de nación. Con la votación unánime del pleno de la sala superior, esta es la segunda resolución de la máxima instancia electoral que confirma la violación de estos principios constitucionales por parte del titular del Ejecutivo Federal mediante expresiones en materia electoral en periodo prohibido. La sentencia del pasado 4 de julio de la sala especializada que este miércoles confirmó en sesión pública la sala superior refiere que, en las conferencias del 6, 7, 8 y 9 de febrero de este año el mandatario vulneró dichos principios, así como el director del Centro de Producción de Programas informativos y Especiales, Sigfrido Barjau de la Rosa; el coordinador general de Comunicación Social y vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas; la directora general de Comunicación Digital, Jessica Ramírez González y el jefe de departamento adscrito a la citada coordinación, Pedro Daniel Ramírez Pérez, así como el coordinador de Estrategia Digital Nacional del Gobierno de México, Carlos Emiliano Calderón Mercado, por lo que solicitó también fueran responsabilizados por estas conductas. La confirmación del proyecto de sentencia señala que el secretario del trabajo, Marath Baruch Bolaños, también violó las reglas de propaganda gubernamental porque comentó que la modificación a la Constitución es en beneficio de la ciudadanía y requieren las dos terceras partes de los votos en el Congreso; hizo un llamado a acompañar estas reformas, lo cual benefició a Morena y las fuerzas políticas que se identifican con el movimiento de transformación. Por estas violaciones, también se propone confirmar el uso indebido de recursos públicos a servidores públicos de la Presidencia por la grabación en video del presidente para ponerlas a disposición de los medios de comunicación a través de la señal satelital, así como de quienes administran las cuentas oficiales del gobierno en las redes sociales y plataformas.
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