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XALAPA.- Veracruz se encuentra en el centro de la polémica por condenaron las violaciones al derecho a la protesta, luego de que dos campesinos fueron asesinados por elementos de la Fuerza Cívica estatal durante la represión para desalojar un plantón instalado por agricultores y ejidatarios frente a la empresa Granjas Carroll, en la comunidad de Totalco, municipio de Perote. Al respecto, más de medio centenar de organizaciones sociales externaron su preocupación por estos hechos, exigen a la Fiscalía General de la República realizar una investigación “exhaustiva, diligente, profesional, imparcial, independiente y objetiva” sobre el presunto uso excesivo de la fuerza y las ejecuciones extrajudiciales por parte de elementos de seguridad estatal. En un comunicado, organizaciones como Amnistía Internacional México, los centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y de la Montaña Tlachinollan, así como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, exigieron al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, “abstenerse de realizar cualquier acto que inhiba el ejercicio del derecho a la protesta social”. También, señalaron que es su obligación garantizar el derecho a la protesta de las personas manifestantes y la seguridad y protección a las personas que rindan su testimonio respecto de los hechos de represión. A la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Veracruz le pidieron que lleve a cabo una investigación conforme a los derechos humanos sobre las denuncias de que elementos de la policía hayan utilizado la violencia en contra de las personas manifestantes para reprimir la protesta. Asimismo, solicitan a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Veracruz inicie las investigaciones sobre reportes de violaciones y daños sufridos por los manifestantes que fueron agredidos. Las organizaciones sociales apuntaron que el conflicto socioambiental entre los pobladores de la Cuenca Libres-Oriental y Granjas Carroll lleva varios años, debido a los múltiples impactos ambientales y sociales de esta industria. En el documento, indicaron que más allá de que el gobierno de Veracruz haya disuelto la Fuerza Civil, las organizaciones exigieron que se garantice la verdad, justicia, reparación y no repetición de los hechos, así como la sanción de los responsables. El pasado jueves 20, habitantes de la Cuenca Libres Oriental de Puebla y Veracruz instalaron un plantón frente a la empresa Granjas Carroll, a la que acusaron de contaminar y acaparar el agua de la región. Durante la protesta, pidieron el cierre definitivo de la criadora de cerdos; sin embargo, los ejidatarios fueron víctimas de un desalojo violento –que derivó en la muerte de dos de ellos– por parte de elementos de la Fuerza Civil, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal y que fue disuelta recientemente.
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