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XALAPA.- Acostumbrado a su narrativa de verdades a medias o no contextualizadas de manera adecuada, para acomodar los hechos y situaciones a su conveniencia, ahora resulta que, de acuerdo con lo afirmado por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, la Fuerza Civil se mandaba sola, y no respondía a una jerarquía de mando en cuya cima se encuentra nada menos que el propio titular del Ejecutivo, principal responsable de la seguridad de los veracruzanos. Y es que, aunque por un lado reconoció que la Fuerza Civil acumuló más de 50 casos de abusos durante su funcionamiento y que a lo largo de su sexenio la corporación cometió diversos abusos como violaciones, torturas y privaciones de la libertad, casos que fueron documentados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), por el otro, se limitó a señalar muy campechanamente que todo ello “le dio la razón para decir hasta aquí, no más”, para determinar desaparecer a la corporación. Lo que no dijo García Jiménez es que los abusos que la CEDH ha constatado datan desde 2019, casi al inicio de la actual administración estatal, cuando la seguridad ya estaba bajo su mando, a través de las Mesas de Coordinación para la Paz. En su lugar, el gobernador morenista pretendió justificar que, aunque él también fue víctima de la represión y del uso de la fuerza por parte de la policía estatal, antes de ser gobernador, nunca pensó en tomar venganza al llegar al Palacio de Gobierno, por lo que, aseguró que la decisión de disolver la corporación de élite se tomó porque "ya no podía seguir operando". A decir del gobernador, durante las manifestaciones contra las evaluaciones de la Reforma Educativa, la policía estatal y la Fuerza Civil montada los reprimieron, y él mismo recibió una descarga eléctrica en el pecho. “En aquel momento, no hubo ninguna negociación a pesar de que los maestros no estaban bloqueando calles. Yo no actué en venganza cuando llegué aquí; incluso recuerdo que alguien me lo solicitó y dije que no, no es cuestión mía la venganza". Pues ya solo eso faltaba. En ese sentido, García Jiménez destacó que la desaparición de la corporación no se debe a un acto de venganza, sino a la reiteración de varios incidentes que Asuntos Internos y la Fiscalía están investigando. "Esto me da la razón para decir, hasta aquí, no más, independientemente de si hay o no acusados". Vaya caso, pues con esto estaría aceptando de manera implícita que no le importa la justicia – si hay o no acusados – sino una decisión de política de desaparecer a la Fuerza Civil, para desviar la atención del problema central: quién o quiénes dieron la orden de disparar a los manifestantes. Según el gobernador, la corporación debe ser sustituida por otro tipo de organización que garantice que no se abuse de la fuerza, en consonancia con la 4T de no reprimir y no tolerar excesos, como si las corporaciones policiacas se mandaran solas y no respondieran a una línea política de coordinación. Según García, hay que revisar las actuaciones protocolarias de las policías, y analizar en el CEIS la formación de elementos y las razones por las que ocurren este tipo de situaciones. Concluyó que su administración no dejará este legado al nuevo gobierno, sino una nueva organización fortalecida, donde los elementos más destacados, incluso los condecorados, estén al frente. Mientras tanto, familiares de los dos campesinos que fueron asesinados por elementos de la Fuerza Civil, exigen justicia y cárcel para los responsables.
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