Salir a las calles de Xalapa se ha convertido en una especie de prueba de resistencia: desvíos improvisados, polvo en el aire, maquinaria zumbando a toda hora, y la eterna pregunta que acompaña a todo conductor, peatón o comerciante: ¿esto cuándo se va a acabar?
El alcalde Alberto Islas Reyes lo reconoce con franqueza: “todo es caos al inicio de una obra”. Pero el problema es que ese “inicio” parece permanente. Con 60 obras públicas en marcha y una inversión histórica de 450 millones de pesos en 2025, Xalapa vive una transformación tan ambiciosa como accidentada. ¿Estamos ante un verdadero plan de modernización o simplemente transitamos por un desastre mal organizado?
Los números parecen positivos. En el Circuito Presidentes, por ejemplo, se reporta un 28% de avance gracias a jornadas nocturnas y el uso de concretos de fraguado rápido. Murillo Vidal, otra vía clave, ha superado expectativas con un 26% de avance, muy por encima del 6% proyectado. Y en Libertad, aunque la obra se extendió más allá de los 60 días prometidos, al menos ya está en funcionamiento.
Pero no todo es concreto sólido. Algunas obras que parecían atrapadas en un callejón sin salida ya comienzan a ver la luz. Tal es el caso de la Calle Revolución, que durante meses estuvo cerrada por un socavón que reveló drenajes del siglo XIX. Lo que parecía una escena sacada de una novela histórica puso a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades y la paciencia de comerciantes y peatones.
Hoy, esa arteria vital ya fue rehabilitada y está libre a la circulación, pero el daño colateral dejó una lección clara: sin estudios previos ni planificación adecuada, cualquier intento de modernización puede convertirse en un doloroso retroceso.
Por si fuera poco, la falta de control y vigilancia es evidente: cuatro empresas han sido vetadas por incumplimiento durante esta administración, y otras 26 arrastran antecedentes desde gobiernos anteriores. Y aún así, la ciudadanía sigue sin ver procesos claros de licitación ni consecuencias firmes para los responsables del rezago.
Y es que la ciudad de Xalapa enfrenta un panorama crítico en materia de obras públicas, marcado por décadas de abandono y gestión fragmentada. Con más de 2,500 solicitudes pendientes de pavimentación, drenaje y alcantarillado, la demanda supera con creces la capacidad de respuesta municipal. Colonias enteras, algunas regularizadas después de años de informalidad, cargan con calles sin pavimentar desde hace más de 30 años, donde la falta de infraestructura subterránea básica —como redes de agua potable o drenaje sanitario— se convierte en un obstáculo insalvable para avanzar en obras de superficie.
Los retrasos crónicos son una constante. Proyectos emblemáticos, como el colector División del Norte en la colonia Rafael Lucio, acumulan casi un año de atrasos, mientras la rehabilitación de la calle Ébano, que conecta colonias como Framboyanes y Veracruz, presenta menos del 50% de avance tras meses de trabajos intermitentes.
Estos retrasos no solo reflejan improvisación en la planeación —como fallas en redes subterráneas no anticipadas—, sino también una burocracia entrampada: la aprobación de obras involucra a regidurías, permisos ambientales y consultas ciudadanas, alargando los plazos hasta límites insostenibles.
La falta de coordinación se agrava con recursos limitados. Aunque programas como "Juntos por nuestra capital" buscaban alianzas para financiar obras, el presupuesto para pavimentación se ha reducido, obligando a priorizar zonas vulnerables mientras colonias históricas siguen en el olvido. La dependencia de fondos federales, como el FORTAMUN, añade capas de complejidad: trámites burocráticos y diseños sobrecargados retrasan proyectos de parques y vialidades estratégicas.
En las calles, el caos es tangible. Cierres prolongados, como los de la rehabilitación de concreto hidráulico, bloquean accesos a escuelas y hospitales, generando congestión vehicular crítica en horas pico. Vecinos denuncian que, pese a promesas de concluir las obras, estas siguen incompletas, afectando a colonias y revelando una desconfianza ciudadana arraigada. La falta de transparencia en plazos y la ausencia de mantenimiento preventivo en donde reparaciones simples se extendieron más de lo planeado refuerzan la percepción de abandono institucional.
Este rezago no es solo un tema de asfalto o tuberías: es un círculo vicioso donde la urgencia choca con la burocracia, los recursos escasos y una planeación que no logra anticipar los desafíos técnicos. Mientras tanto, miles de xalapeños siguen esperando que sus calles dejen de ser un recordatorio de décadas de promesas incumplidas.
Más allá del clásico “ni modo, son obras”, la ciudad padece problemas estructurales que agravan la situación:
● La infraestructura antigua hace que cualquier mejora colapse antes de comenzar.
● Los retrasos crónicos, sin explicación ni responsables, son ya parte del paisaje urbano.
● La falta de comunicación con la ciudadanía provoca desconcierto y enojo, con cierres viales que aparecen de un día para otro, sin previo aviso.
● Y lo más preocupante: la afectación económica para cientos de negocios, especialmente en fechas clave como el Día de Muertos, cuando cada hora de cierre cuesta.
A esto se suma el riesgo físico: zonas como Pico de Orizaba presentan taludes mal protegidos, que podrían derivar en derrumbes con consecuencias graves si no se atienden con seriedad.
La transformación de Xalapa exige más que maquinaria y presupuestos: requiere estrategias innovadoras y compromiso colectivo. Para empezar, es urgente implementar penalizaciones económicas estrictas contra empresas que incumplan plazos, respaldadas por auditorías técnicas independientes que verifiquen la calidad de materiales. La transparencia debe ser prioridad: publicar presupuestos detallados por metro cuadrado en plataformas digitales y diseñar mapas interactivos en tiempo real que geolocalicen obras, desvíos y avances, permitiendo a los ciudadanos planificar rutas.
La tecnología puede ser un aliado clave: drones para supervisar avances diarios, apps de reporte ciudadano donde los habitantes fotografíen baches, y señalización inteligente con luces LED que se adapten al flujo vehicular. Las obras nocturnas, en horarios de baja circulación, reducirían el caos vial, mientras que alertas SMS notificarían con 72 horas de anticipación sobre cierres. Para proteger el patrimonio histórico, es vital mapear drenajes antiguos antes de excavar y capacitar a contratistas en manejo de infraestructura avalado por el INAH, reutilizando piedras centenarias en nuevas construcciones.
La participación ciudadana no puede quedar fuera: comités vecinales de vigilancia supervisarían avances, y foros públicos mensuales obligarían a funcionarios a rendir cuentas. Los comercios afectados merecen compensaciones fiscales durante cierres prolongados, y la mano de obra local debería priorizarse para reactivar la economía. Además, alianzas con universidades como la UV o Colegios de Arquitectos o Ingenieros Civiles brindarían asesoría técnica en desafíos como estabilizar taludes, mientras encuestas de satisfacción evaluarían el desempeño de las empresas.
En el ámbito ambiental, los contratos deben incluir cláusulas ecológicas que multen daños no autorizados, y materiales como el concreto permeable mitigarían inundaciones. Para evitar vicios ocultos, brigadas de mantenimiento rápido repararían daños post-obra, y estudios de impacto vial predeciría congestiones con simulaciones computarizadas. Finalmente, incentivos como bonos por entregas anticipadas y vetos de cinco años para empresas reincidentes asegurarían que el progreso no sea sinónimo de negligencia.
Cada calle intervenida es una oportunidad para reconstruir no solo el asfalto, sino la confianza entre autoridades, contratistas y ciudadanos. Las soluciones están sobre la mesa: solo falta voluntad para ejecutarlas.
Xalapa está en obra, sí. Pero más allá del concreto, lo que verdaderamente se está poniendo a prueba es la confianza ciudadana en la capacidad del gobierno para transformar sin destruir, avanzar sin aplastar la cotidianidad de quienes habitan y trabajan en esta ciudad.
Es innegable que muchas de las intervenciones eran necesarias y que había rezagos históricos que ya no podían seguir posponiéndose. Sin embargo, cuando el remedio se vuelve más doloroso que la enfermedad, es momento de replantear la estrategia. No se trata de detener las obras, sino de hacerlas mejor: con transparencia, inteligencia y sensibilidad.
El desafío no está solo en los metros cuadrados de pavimento nuevo, sino en cómo se llega a ellos. ¿Qué procesos de licitación se siguieron? ¿Quién supervisa la calidad de los materiales? ¿Se está respetando el patrimonio histórico? ¿Dónde está la planeación para mitigar los impactos económicos y sociales que inevitablemente generan estos trabajos?
Porque cuando se perfora una calle sin haber estudiado los drenajes centenarios que yacen debajo, o cuando se programa el cierre de una avenida sin previo aviso a los comerciantes que dependen de ese flujo vehicular, no solo se rompe el concreto: se fractura el tejido social, se siembra desconfianza y se erosiona el compromiso ciudadano.
Xalapa merece obras que no solo se vean bien, sino que duren, funcionen y beneficien a todos, no solo a quienes las adjudican o inauguran. Para ello, no basta con inaugurar tramos y cortar listones: se necesita voluntad política, rendición de cuentas, participación comunitaria y una visión de ciudad que trascienda calendarios electorales.
La ciudad está cambiando, sí, pero ¿estamos construyendo sobre bases sólidas o repitiendo los mismos errores del pasado con maquinaria más moderna? Esa es la verdadera pregunta. Porque el desarrollo no debe medirse solo por kilómetros pavimentados, sino por la calidad de vida que se genera en cada esquina.
Y ahí, cada xalapeño tiene un papel que jugar: exigir, proponer, vigilar. Porque en una ciudad democrática, la calle también es un espacio de diálogo, de memoria y de futuro. Y el verdadero progreso no se impone desde arriba, se construye entre todos, con paso firme y mirada clara.
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