Mega granjas porcícolas: la amenaza que pone en riesgo el agua en Yucatán

domingo 11 de enero de 2026

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Mega granjas porcícolas: la amenaza que pone en riesgo el agua en Yucatán.

En la península de Yucatán, donde su particular suelo kárstico permite que cualquier contaminante se filtre rápidamente al acuífero, la producción intensiva de carne de cerdo ha encendido las alertas.

Sábado 10 de Enero de 2026

Por: Expansión Política

Foto: .HECTOR VIVAS/Getty Images

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Yucatán.- Yucatán, el tercer principal polo de producción porcícola del país, atraviesa uno de los conflictos socioambientales más graves del sureste mexicano. La expansión acelerada de mega granjas porcícolas ha detonado una disputa entre el sector industrial y comunidades mayas, organizaciones civiles y defensores del medio ambiente, que advierten una amenaza directa al agua, la salud pública y los derechos colectivos.

Durante años, esta actividad fue promovida como un motor de desarrollo económico. Hoy, ese discurso es cuestionado frente a los impactos que esta industria tiene sobre uno de los bienes más frágiles y estratégicos del estado: el agua subterránea.

Yucatán, un territorio vulnerable
Los problemas de contaminación atribuidos a la granjas porcícolas se agravan por las propias características geográficas de Yucatán.

En el estado no existen ríos superficiales; toda el agua que abastece a las comunidades, a la ciudad de Mérida y a la industria proviene del acuífero subterráneo. Este forma parte de un sistema kárstico compuesto por rocas como la cal y el yeso, el cual es altamente permeable y está interconectado por cenotes, grietas y cavernas.

Esta condición convierte al acuífero en un sistema extremadamente vulnerable, pues cualquier contaminante que se infiltra en el suelo puede llegar rápidamente al agua que consumen miles de personas.

granjas porcícolas yucatán
Vista aérea de una granja porcícola en Yucatán: una sola instalación puede generar hasta 1.5 millones de litros de aguas residuales al día. (Foto: Hector Vivas/Getty Images)
En junio de 2025, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que 186 granjas porcícolas en Yucatán estaban integradas en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA).

La autoridad detalló además que estas instalaciones generaban alrededor de 11 millones de metros cúbicos de aguas residuales al año, lo que representa cerca del 1% del total que se vierte al acuífero por todos los usos.

Asimismo, 116 granjas —que producen 7.3 millones de metros cúbicos— reportaron reutilizar sus aguas residuales tratadas para riego agrícola. Sin embargo, estos datos contrastan con los hallazgos de organizaciones ambientales.

En 2023, la organización Mercy For Animals Latinoamérica identificó, mediante un análisis satelital, al menos 872 posibles mega granjas de cerdos en Yucatán, muchas de ellas ubicadas dentro de Áreas Naturales Protegidas, algunas reconocidas como Sitios Ramsar o humedales declarados de importancia internacional.

Años antes, en 2020, Greenpeae México documentó la existencia de 257 granjas porcícolas en el estado, de las cuales hasta entonces solo 22 contaban con Manifestación de Impacto Ambiental. Es decir, más del 90% operaba sin autorización ambiental, pese al riesgo que implica para uno de los sistemas hídricos más importantes del país.

“La instalación de estas mega granjas ejerce una presión enorme sobre los ecosistemas, especialmente en una región tan vulnerable como la península de Yucatán”, ha advertido Greenpeace, al señalar además la deforestación de al menos 11,000 hectáreas de selva asociada a la expansión de la industria porcícola.

“No es progreso, es una herencia de contaminación”
En la comunidad maya de Santa María Chí, ubicada a poco más de 20 kilómetros de Mérida, los impactos que estas granjas tienen se viven diariamente. Ahí opera desde hace más de 30 años la granja porcícola industrial San Gerardo, la cual es operada por la empresa Pecuaria Peninsular, cuyos efectos —aseguran sus habitantes— se intensificaron con la expansión del número de animales y naves, pues se estima que llegó a albergar a más de 49,000 cerdos.

En entrevista, Wilberth Nahuat Puc, comisario municipal y defensor ambiental de esta comunidad, así como Candelario Collí Sansores, activista del municipio Halachó, integrantes de la Red de defensa del agua y territorio maya, To’one Ja’o’on, Somos Agua —que agrupa a representantes de 21 comunidades mayas—, denunciaron que la operación de megagranjas, entre ellas las de Kekén, filial de Grupo Kuo —el mayor exportador de carne de cerdo de México—, han provocado daños ambientales, afectaciones a la salud y una creciente vulneración de los derechos colectivos.

Nahuat relató que la crisis ambiental en Santa María Chí, derivada de la operación de la granja se agudizó en mayo de 2023, cuando comenzaron quemas de excretas porcícolas dentro de las instalaciones.

“Eso generó humo tóxico. Niños, adultos y personas mayores empezaron a enfermarse de las vías respiratorias. Lo vivimos como una contingencia de salud”, recordó.

A partir de entonces, la comunidad documentó los impactos con fotografías, videos y vuelos de drones. También comenzaron a hacerse visibles otros daños: pozos contaminados, árboles frutales que dejaron de producir, hortalizas que ya no crecen y animales domésticos con lesiones en la piel.

Antes sembrábamos cítricos, milpa, hortalizas. Hoy muchas casas ya no producen nada. El agua del pozo ya no sirve ni para beber ni para regar"
Wilberth Nahuat.
Ante estas afectaciones el comisario de Santa María Chai resaltó el trabajo organizado y comunitario que se ha realizado en la región con el propósito de exigir el derecho que niños y adultos tienen a vivir en un medio ambiente sano, una lucha que dijo, no busca una beneficio personal sino por la salud de quienes ahí habitan y que heredarán a futuras generaciones.

"Apesta a diario, no se puede entender en la noche porque al día siguiente apesta la ropa cerdo, en las mañanas a llevar a los niños es terrible, estar oliendo el olor a mierda de cerdo...hay mosca, moscos, o sea, hay gente que viene a visitar familiares, que vienen a visitar la comunidad y da vergüenza que digan cómo puedes vivir aquí. Apesta diario pero pues nosotros como somos habitantes de aquí, pues lo sentimos algo normal porque ya estamos acostumbrados", dijo.

El costo de la industria porcícola
Aunque la industria porcícola destaca por su aporte económico en el país y las empresas afirman ser sustentables y socialmente responsables , tal como lo asegura Kekén, las comunidades han cuestionado a quién beneficia realmente esta industria.

“La gente nos quiere vender esto como progreso, pero para las comunidades lo que llega es contaminación, enfermedades y división social”, sostiene Nahuat, quien además criticó que la mayoría de la carne producida en Yucatán es exportada, mientras que las comunidades aledañas enfrentan malos olores permanentes, proliferación de moscas, deterioro del agua y afectaciones a la salud.

Investigaciones científicas advierten además que una sola mega granja puede generar hasta 1.5 millones de litros de aguas residuales al día , las cuales, en muchos casos, no reciben un tratamiento adecuado antes de ser descargadas al suelo o dispersadas mediante aspersores. En suelos kársticos, estas descargas pueden filtrarse rápidamente al acuífero.

Apenas en septiembre de 2025, las comunidades de Maxcanú, Kinchil y Santa María Chí presentaron de manera formal una denuncia popular contra las granjas porcícolas que les afectan en su territorio, en la que exigieron la reparación del daño ambiental y una investigación de la posible responsabilidad penal de las empresas porcícolas que operan en su territorios.

Cabe resaltar ademas que en abril de 2023, la Semarnat publicó el Dictamen Diagnóstico Ambiental de la Actividad Porcícola en Yucatán, en el cual el reconoció la existencia de numerosas granjas porcícolas ilegales en el estado; los impactos sociales y ambientales provocados por esta industria, incluyendo la deforestación sin autorización y la contaminación del agua y el suelo; la contribución significativa de estas empresas a la crisis climática mediante la emisión de Gases de Efecto Invernadero y que los sistemas de tratamiento de aguas residuales de estas empresas eran nulos o insuficientes.

A más de dos años de ese dictamen, los ambientalistas denunciaron que no se tomaron medidas concretas ni efectivas para atender esta grave problemática ambiental y social.

clausura granjas
El psado 9 de septiembre, la Profepa clausuró de forma total y definitiva la empresa Pecuaria Peninsular, ubicada en Santa María Chi, debido al incumplimiento reiterado de siete medidas correctivas, entre ellas, la descarga directa de sus aguas residuales sin permiso y la omisión en la caracterización de sus lodos. (Foto: Cortesía Profepa)
Multas y clausuras a empresas porcícolas
Entre octubre de 2024 y junio de 2025, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que impuso sanciones a 13 empresas porcícolas, por un monto de 14.24 millones de pesos, por incumplimientos a la normativa ambiental.

Las inspecciones oficiales detectaron irregularidades graves: ausencia de plantas de tratamiento, descargas ilegales de aguas residuales, permisos mal otorgados y concesiones de agua irregulares. Las multas superaron los 30 millones de pesos, pero la granja siguió operando.

Pese a estas sanciones, en Santa María Chí, habitantes promovieron al menos 27 juicios de amparo por violaciones a derechos humanos y ambientales atribuidos a la empresa Pecuaria Peninsular, la cual al día de hoy, según mencionó Nahuat, comisario municipal y defensor ambiental, continúa operando.

“Eso es lo que más coraje da. Detectaron las irregularidades, multaron, clausuraron parcialmente… y aun así los dejaron seguir. Es una simulación”, acusó.

En septiembre 2025, Profepa anunció finalmente la clausura total y definitiva de la granja porcícola en Santa María Chí, al determinar que no cumplió con las medidas correctivas ordenadas desde 2023. La dependencia señaló que la clausura busca obligar a la empresa a enfocarse en la reparación del daño ambiental.

No obstante, la comunidad sostiene que la producción continúa. “Dicen que están sacando cerdos, pero mientras sigan las madres reproductoras, la granja sigue funcionando. Es tapar el ojo al macho”, afirmó Nahuat.

Un problema que se repite en otras regiones
Para Candelario Collí Sansores, activista del municipio Halachó, el caso de Santa María Chí no es aislado. En el Camino Real que va de Yucatán a Campeche, que abarca comunidades de municipios como Maxcanú y Halachó, los colectivos comunitarios llevan años monitoreando la calidad del agua ante la llegada de megaproyectos porcícolas.

Hemos encontrado contaminación en pozos de uso comunitario y doméstico, con niveles de coliformes fecales que rebasan las normas de salud"
Candelario Collí.
Los primeros registros se realizaron alrededor de 2020 y se reforzaron entre 2023 y 2024, incluyendo temporadas de lluvia y sequía. Los resultados confirmaron la persistencia de contaminantes en el acuífero.

“Eso nos hizo ver que algo estaba cambiando gravemente con la llegada de las granjas. Ya no es una percepción, es evidencia documentada”, subrayó Collí.

Además del impacto ambiental, Collí advirtió que deterioro del tejido social debido a que las comunidades están divididas, se criminalización de defensores del territorio y hay afectaciones a prácticas tradicionales. Además de que en varias localidades se ha registrado un aumento de enfermedades gastrointestinales, padecimientos en la piel y problemas respiratorios.

“El agua ya no sabe igual, provoca irritaciones y enfermedades. Nadie nos dijo que esto iba a pasar”, señaló.

Denunció además que las granjas se instalan sin consultar a las comunidades indígenas, pese a que el territorio y el agua sostienen su forma de vida.

“Llegan prometiendo empleo, consultas médicas o apoyos, pero al final es una forma de comprar conciencias. Lo que dejan es sobreexplotación del acuífero y pérdida de nuestras prácticas tradicionales”, afirmó.

Entre los efectos más graves, destacó la prohibición informal que algunas empresas imponen a pobladores para criar animales en sus propios solares, así como la división comunitaria que generan. “Unos pocos trabajan en las granjas, pero la mayoría no. Eso rompe el tejido social y vulnera nuestro derecho a decidir cómo vivir”, dijo.

El defensor denunció además un contexto de riesgo para quienes se oponen a estos proyectos. Integrantes de comunidades, en particular mujeres defensoras, han recibido amenazas y hostigamiento telefónico.

“Hemos tenido que cambiar números y reforzar nuestros protocolos de seguridad. Es muy lamentable que defender el agua implique poner en riesgo la vida”, expresó.

Ante la suspensión de la granja porcícola en Santa María Chi, Collí Sansores señaló que las comunidades mantienen la expectativa de que este precedente se replique en otras regiones del estado.

“Esperamos que se cumplan las resoluciones y que la industria entienda que no puede seguir operando sin respetar a los pueblos. No pedimos privilegios, pedimos que se respete el derecho al agua y a un ambiente sano”, dijo.

“Esto no es una lucha por una sola comunidad, es por el futuro del agua y la vida en Yucatán. Que se sepa lo que está pasando es fundamental”, enfatizó.

“No estamos en contra del desarrollo”, agregó Nahuat. “Estamos en contra de un desarrollo que nos deja enfermedades, agua contaminada y tierras que ya no producen. Defendemos el agua porque sin agua no hay vida ni futuro”.

Expansión buscó a autoridades de la Profepa para conocer los avances en el caso de Santa María Chí y el cierre total de la granja porcícola, sin embargo al cierre de la edición no recibió respuesta.