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| En cinco años desaparecieron 59 defensores ambientales. | ||||||
| Las víctimas pertenecen a comunidades indígenas y entre los implicados en las agresiones se encuentran policías y autoridades estatales o municipales, así como empresas privadas, grupos de la delincuencia organizada y paramilitares. | ||||||
| Lunes 29 de Diciembre de 2025 | ||||||
| Por: La Jornada | ||||||
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Las víctimas pertenecen a comunidades indígenas y entre los implicados en las agresiones se encuentran policías y autoridades estatales o municipales, así como empresas privadas, grupos de la delincuencia organizada y paramilitares. Sobre este tema, la presidenta del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de Naciones Unidas, Gabriella Citroni, destacó el hecho de que no haya registros oficiales, lo que ocasiona que no haya políticas públicas diseñadas específicamente para atender este problema, y las existentes, dijo, son a menudo insuficientes para garantizar la protección de los activistas. “En el caso de este grupo de población, hay una tasa de impunidad casi absoluta en todos los países por tratarse de un crimen extremadamente complejo, porque la investigación es complicada debido a la pluralidad de los perpetradores”, explicó. Pero además, agregó, quienes defienden los recursos naturales son extremadamente vulnerables, están estigmatizados y enfrentan violencia por su actividad de proteger el medio ambiente, lo que lleva a amenazas y criminalización. “Eso crea una situación de desconfianza, aumenta la vulnerabilidad de las personas y disminuye la atención e indignación de la sociedad por defender la tierra”, lamentó. Megaproyectos, uno de los factores de riesgo Alanís indicó que entre los factores de riesgo identificados en el tema de las desapariciones se encuentra la instalación de megaproyectos sin garantizar los derechos de acceso a la información ni la participación del público en las tomas decisiones ambientales en favor de la población y la comunidad. “Las desapariciones y otras agresiones ocurren principalmente donde se encuentran territorios indígenas. Lugares donde usualmente se pretende instalar megaproyectos debido a la disponibilidad y estado de conservación de los recursos naturales”, aseveró. El activista detalló que la participación conjunta de múltiples agresores, incluyendo autoridades, empresas privadas y el crimen organizado, incrementa el riesgo para los defensores del medio ambiente y el territorio, ya que dicha colusión origina una violencia estructural y generalizada que hace más difícil la protección de los ecologistas. Coincidió en que la falta de acceso a la justicia contribuye a que continúen ocurriendo desapariciones de activistas ambientales, pues al sufrir agresiones y denunciar, no obtienen medidas de protección adecuadas ni eficientes o incluso no acuden antes las autoridades por la impunidad imperante. El círculo vicioso de la impunidad “La insuficiencia de investigación en las desapariciones ya ocurridas favorece que dichas agresiones sigan ocurriendo. Falta una política pública integral que aborde las causas estructurales del problema, y de coordinación institucional para la atención y cumplimiento de las medidas de protección controladas por el mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas”, comentó Alanís. Agregó que “entre los impactos que causan las desapariciones encontramos la desarticulación del movimiento de defensa, lo que funciona como un mensaje intimidatorio en contra de los demás integrantes o activistas”. |
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