De Veracruz al mundo
Emprenden operativo contra diputados aliados de Bolsonaro por sospecha de corrupción.
Los recursos corresponden al dinero mensual que cada diputado recibe para gastos de ejercicio del mandato y en este caso se habrían desviado los montos con falsos contratos de alquileres de autos.
Viernes 19 de Diciembre de 2025
Por: La Jornada
Foto: AFP.
Brasil.- La policía brasileña lanzó este viernes una operación contra el líder del bolsonarismo en la Cámara de Diputados y otro diputado aliado por una sospecha de desvío de fondos parlamentarios, según un documento judicial obtenido por la AFP.

Un juez de la corte suprema ordenó siete allanamientos en domicilios de Sóstenes Cavalcante, un importante aliado del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, el diputado Carlos Jordy y otras cinco personas del entorno de ambos investigadas por un posible "desvío y posterior ocultación de recursos públicos", según una nota policial.


Los recursos corresponden al dinero mensual que cada diputado recibe para gastos de ejercicio del mandato y en este caso se habrían desviado los montos con falsos contratos de alquileres de autos.

Tras los allanamientos en Rio de Janeiro y Brasilia, la policía encontró al menos 400 mil reales (unos 70 mil dólares) en efectivo en un domicilio ligado a Cavalcante, del Partido Liberal de Bolsonaro, dijo una fuente judicial a la AFP.

Esta investigación se inició con otro operativo en diciembre de 2024, por los posibles delitos de peculado, lavado de dinero y organización criminal.

El diputado bolsonarista Carlos Jordy alegó su inocencia en un video en redes sociales y calificó de "cobarde" la acción policial.


Bolsonaro, presidente de 2019 a 2022, está preso desde noviembre en unas dependencias policiales de Brasilia tras ser condenado a 27 años de cárcel por un intento de golpe de Estado en 2022, cuando buscó impedir la asunción de su sucesor Luiz Inácio Lula da Silva.

De mayoría conservadora, el Congreso aprobó esta semana una ley que favorece a Bolsonaro con una rebaja de pena efectiva, que podría quedar en algo más de dos años.

Lula anunció que vetará la ley, aunque el Congreso puede oponerse a la decisión presidencial y volver a impulsarla.

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