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Cortesia.
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Xalapa, Ver.-
Antonio del Río Argudín, víctima de tortura en Veracruz, exhibe que la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP) se niega a proceder penalmente contra su presunto agresor a pesar de la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). En rueda de prensa, en la que se mostró muy indignado comenta que el pasado 15 de abril, la SSP aceptó a medias la recomendación 02/2025 emitida por parte de la CEDH en contra de los presuntos actos de tortura que se cometieron en su contra. “Ya basta de pendejadas” dice… Del Río Argudín, quien se dijo perseguido político en el gobierno de Cuitláhuac García señala que, aunque la dependencia estatal aceptó la recomendación argumentó que no podía hacer justicia porque el presunto agresor, quien se desempeñaba como director del Centro de Detención Temporal conocido como “Penalito” y que sigue perteneciendo a este cuerpo de seguridad, no está en juicio porque de la Fiscalía no se giró ninguna orden. Reclama: “Imagínense que ya tienes una recomendación, que ya la aceptaron, pero la persona no está detenida pese al delito de lesa humanidad que es tortura, no puedo creer la impunidad total que hay desde la Fiscalía del Estado y la misma Secretaría de Seguridad Pública porque no lo pone a disposición, ni lo quita de sus funciones”. En ese sentido, el también comisionado estatal de afiliación del Movimiento Único de Renovación Opositora (MURO), solicitó la intervención de la gobernadora del estado, Rocío Nahle García para que se dé celeridad a este proceso y pueda culminar con la responsabilidad sobre su presunto agresor, pues insistió en que debe ser condenado por los actos cometidos. “Ya basta de todas estas pendejadas que hace el gobierno de Veracruz”, agrega: “Yo le pido a la gobernadora que meta las manos y meta a la cárcel a mi agresor, que me de justicia”, externó. El también empresario relató que fue brutalmente golpeado en el módulo de prisión preventiva de Veracruz, conocido como “El Penalito”, donde recibió más de 40 tablazos, ocasionándole una protusión discal irreversible en la columna vertebral. Señaló directamente al entonces director de la cárcel, Iván Márquez Lucido, como su agresor. El 11 de diciembre de 2015, fue detenido con su bebé por policías ministeriales del estado de Tlaxcala, sin orden de detención; al salir de la cárcel, seis meses después, el empresario presentó su queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y hace un par de semanas fue reconocido como víctima de tortura por el organismo de defensa.
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