|
|
Foto:
.
|
XALAPA.- La inequidad en la difusión de las candidaturas al Poder Judicial de la Federación (PJF) en presentaciones organizadas por sindicatos, medios de comunicación o universidades que resulten en favorecer el perfil de una sola persona, al no invitar a todos los aspirantes del cargo que se disputan, ya sea a jueces, magistrados y ministros, lo que será motivo de la cancelación de su campaña, y por lo tanto de su aspiración como persona juzgadora federal. En sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó -sin debate- respuestas a un largo cuestionamiento de la candidata a ministra Dora Alicia Martínez Valero, quien demandó claridad respecto al proselitismo que realizan las candidaturas con las que disputa una de las cinco sillas para mujeres en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Las personas candidatas a juzgadoras sólo podrán participar en eventos organizados por los sectores público, privado o social, siempre que sean equitativos y observen las directrices y acuerdos de este Consejo General”, conforme a recientes reformas a la ley general electoral. El INE reiteró que, con el fin de privilegiar la equidad en la contienda, deberá ser invitada a foros convocados por sindicatos, universidades, medios de comunicación la totalidad de las candidaturas del mismo cargo y dentro del mismo marco geográfico y deberá acudir por lo menos el cincuenta por ciento de candidaturas. En el acuerdo aprobado por el “árbitro de la democracia” se aclara que “no existe alguna restricción o prohibición que determine el número de foros a los que puede asistir una persona candidata durante el periodo de campaña, “no obstante, no podrá asistir más de una vez al mismo foro o mesa, y debe considerarse que la difusión pautada de los foros en sí misma no se encuentra prohibida, sin embargo, esta pauta no podrá beneficiar a una sola candidatura”. Se subraya que en materia de fiscalización, en caso de detectarse un beneficio para una candidatura, el beneficio deberá acumularse a los topes de gastos personales y, en su caso, se impondrá la sanción que corresponda como amonestación pública, multa de hasta cinco mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de cometer la falta. Y también la cancelación del registro de su candidatura, “cuando la gravedad de la falta lo amerite”. Tras dar respuesta a la candidata a ministra, enfatizó que este acuerdo puede ser susceptible de impugnación ante el Tribunal Electoral federal.
|
