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Cortesia.
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Xalapa, Ver.- “Tengo temor de que mate a mi hija; creo que se puede sentir acorralado”, dice Éricka Contreras Pérez, quien ha vivido una pesadilla luego de que su expareja, el abogado Mauricio Efraín Estrada Pérez, con argucias legales secuestró a la hija de ambos para infligir el mayor daño posible. La expresión más cruel de la violencia vicaria puede ser el filicidio. En México, a pesar de que existe una Ley Vicaria desde el pasado 18 de enero, algunos jueces, fiscalías, ministerios públicos o magistrados se niegan a aplicarla. Peor aún, hasta algunos centros del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), como el de Yucatán, rechazan abiertamente usarla. Esa norma podría salvar vidas si se aplicara de manera preventiva. Los casos de asesinatos de hijos a manos de sus padres son frecuentes en México en comparación con otros países, como España, donde en los últimos años un centenar de menores han sido asesinados por hombres divorciados que buscan hacer mayor daño a sus ex parejas. La violencia vicaria (violencia por sustitución) es una forma de agresión por interpósita persona y Éricka Contreras Pérez lo sabe, por eso lucha en tribunales y fiscalías por su reconocimiento, a fin de recuperar a su hija, actualmente de seis años. A los 15 días de nacida el padre de Lucía ya externaba el rechazo por la infante y amenazaba con tirarla de la cuna. “En los primeros 15 días de posparto, vivió escenas horribles, con el miedo de que su entonces esposo incendiara la casa: cuando la niña salió del hospital no me dejaba cargarla, no me dejaba darle pecho. Un día en la madrugada, mientras le estaba dando formula, se despertó y me dijo: me voy a salir del cuarto porque si me quedo sólo pienso en ahorcarte”, recuerda. Fue cuando decidió atender la alerta roja y salir de la casa conyugal: “él ya estaba desquiciado. Era una violencia extrema la que vivíamos. Me decía: te voy a judicializar, te voy a inventar delitos de prisión preventiva oficiosa; tienes que estar pendiente de que los ministeriales no te detengan porque tú no vuelves a ver a Lucía. Actualmente Éricka lleva siete meses sin ver a su hija. Mauricio Efraín Estrada Pérez la secuestró el 8 de agosto del año pasado, aprovechando una convivencia de fin de semana, pese a las múltiples denuncias que tiene por violencia de género B1/CJM/B1/00163/2019 y de ser ella la titular de la guarda y custodia de la menor. Las autoridades lanzaron la Alerta Amber en Yucatán con el número AAYUC159/2024. Narra a La Jornada: “Ya no me la regresó. Al pasar las semanas coincidió con el periodo vacacional que estaba en el convenio. Las autoridades me dijeron que me esperara al primero de agosto, pero él no me entrega a mi hija, y el día 8 yo acudí a su domicilio a buscarla. Toco la puerta pidiéndole, rogándole que me deje ver a mi hija. Él me contestaba amenazando con llamar a la policía. Yo escuchaba a mi hija hablarme y llorar”. “Cuando llegó la policía, él abrió la puerta y yo entré corriendo. Subo las escaleras y el me alcanza y me tira. El mide 1.90 y yo 1.50; la agresión terminó con 14 lesiones en mi cuerpo. En ese momento, la policía entró en el domicilio. Con toda esa jerga legal que tiene, dijo a los agentes que tenían que retirarme del domicilio, que él podía quedarse con la menor, que yo debía llegar con orden del juzgado familiar, pero los policías hicieron la mediación y me permitieron verla. Lucía me vio llorando y lastimada físicamente. Ese fue el último día que la vi”. El 8 de agosto denunció la sustracción de su hija. La fiscalía de Yucatán envió tres citatorios a Mauricio Efraín para presentarla, pero no lo hizo: a mí me dieron la restitución de mi hija oficialmente el 27 de agosto, es el día que voy con la fuerza pública a buscarla; abrimos cerrojos, entramos a su casa y la encontramos vacía. Entré en desesperación al ver que la fiscalía no la buscaba. Ese mismo día recibió un aviso de un amparo federal que le otorgaron a su agresor para el resguardo provisional de la niña: el juez federal primero de distrito en el estado de Yucatán, Adrián Fernando Novelo Pérez, decide darle a la niña mientras investigan una denuncia sexual que él interpuso; una denuncia falsa que no es contra mí, sino contra una persona de la que solo dio el nombre, no dio apellidos ni datos de ubicación. El 29 de febrero del año pasado, Éricka interpuso la denuncia por violencia vicaria número UNAD-469/2024; el 9 de agosto la amplió después de la sustracción de la menor y al día siguiente presentó otra en la unidad de investigación y litigación especializada en delitos cometidos contra niños y adolescentes, la FGE/NNA/UNADT-984/2024, por sustracción de menores en la modalidad de retención. Pero con sus conocimientos de abogado, Mauricio Efraín tramitó cuatro amparos: cuando solicita el amparo contra la restitución del menor, él dice que estaba en los juzgados casualmente haciendo una diligencia cuando escuchó los apellidos de nuestra hija y supo que se iba a dar la orden de restitución y por eso metió el amparo. Obviamente ese hecho no ocurrió así, es imposible, porque las notificaciones se dan de manera privada. Lo que pasó es que le dieron el pitazo por corrupción o influyentismo; alguien filtró la información, lo cual es muy grave legalmente. Qué lamentable que jueguen con la vida de una niña de (entonces) cinco años. A continuación, el padre de la menor fabricó una denuncia de tocamiento sexual por parte de una supuesta tercera persona: ni siquiera me acusa a mí, sino a un tercero. Si eso hubiera ocurrido, aunque nunca ocurrió, porque yo también me he dado a la tarea de investigarlo y mi hija no tiene ningún abuso. Comenta que ese tercero estaba en una propiedad que ella rentaba, pero no en su domicilio: él se siente celoso de esa persona a la que rentábamos; también de mi jefe. Siempre ha acusado a los hombres cercanos a mí, ninguno son mi pareja. Es un tema de control y celos de su parte. Indica que sobre esa denuncia hizo dos amparos para que no se le puedan hacer peritajes a la niña. Éricka señala que el pasado 11 de marzo, la jueza Silvia Elena Torres Cobá decidió desactivar la Alerta Amber, pese a que la niña no ha sido restituida como se ordenó. La jueza segunda de oralidad familiar turno vespertino de Yucatán, Ana Elena Alpizar Achurra, tampoco ha hecho nada, ni el juez primero de distrito del décimo cuarto circuito, Adrián Fernando Novelo Pérez. En sus periciales, el DIF ha detectado la vulneración de los derechos de la niña, quien pidió regresar con su mamá y comentó que hace pijamadas con los amigos de su papá. Al finalizar la entrevista dijo que teme por la vida de la pequeña de 6 años. “Tengo temor de que la mate; creo que se puede sentir acorralado. Por eso, siempre he sido muy medida en mis acciones y en mis palabras. Siempre menciono que no quiero alejarlo de la niña, que no voy a impedir la convivencia. Lo digo porque tengo miedo de que en una de sus locuras lastime a Lucía o a mí”.
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