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XALAPA.- Vaya caso, según datos del Índice de Estado de Derecho en México 2023-2024 del World Justice Project, bajo la administración de la magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, la impartición de justicia en Veracruz pasó del penúltimo al último lugar. De acuerdo con el estudio, entre los principales problemas que tiene el Tribunal Superior de Justicia en Veracruz se encuentra la falta de eficiencia en la investigación penal; la procuración e impartición de justicia sitúan a Veracruz en los últimos lugares en materia de justicia penal en el país. Los resultados de la última edición de la medición nacional muestran que los avances en materia de justicia penal en el estado de Veracruz han sido mínimos. Entre los factores que contribuyen a que la entidad veracruzana no alcance un sistema de justicia penal efectivo, considerado un aspecto esencial del Estado de Derecho, se encuentran los rezagos en la investigación penal, así como en la procuración e impartición de justicia. De igual forma resalta que durante los últimos seis años la organización The World Justice Project (WJP), a través del Índice de Estado de Derecho en México, ha ubicado la justicia penal en Veracruz en los últimos lugares del ranking nacional. En 2018, Veracruz se ubicó en el lugar 31 de 32 entidades federativas; durante el periodo 2019-2020 mejoró al pasar al lugar 29; en el periodo 2020-2021, se ubicó en el último lugar (32). Posteriormente, en las ediciones 2021-2022 y 2022-2023, la justicia penal de Veracruz se situó en la posición 30 a nivel nacional. En la reciente edición correspondiente al periodo 2023-2024, Veracruz se ubicó en la posición 26, y ahora nuevamente cayó hasta el último lugar. La medición en materia de justicia penal evalúa la efectividad y la calidad del sistema de justicia penal. Según el estudio, un sistema de justicia penal efectivo es un aspecto esencial del Estado de Derecho, pues constituye el mecanismo formal para reparar agravios. También, un sistema penal de calidad debe respetar los derechos de las víctimas y de las personas acusadas. Por ello, una evaluación integral de la justicia penal debe contemplar el accionar de todos los participantes del sistema, incluyendo la policía, los defensores, los asesores jurídicos de las víctimas, fiscales, jueces y autoridades encargadas del sistema penitenciario.
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