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XALAPA.- A través de un memorando publicado el viernes por la noche, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la rendición de cuentas es especialmente importante cuando la mala conducta de los abogados y los bufetes de abogados amenaza nuestra seguridad nacional, la seguridad pública o la integridad electoral. En ese sentido, el mandatario intensificó su escrutinio del sistema legal estadounidense al ordenar a la fiscal general Pam Bondi que “revise la conducta” de los abogados y firmas que participan en “litigios frívolos, irrazonables y vejatorios” contra Estados Unidos. Bondi declaró el miércoles que el Departamento de Justicia ha demandado al estado de Nueva York y a varios funcionarios por sus políticas migratorias. Dijo que la revisión de los litigios de Bondi contra el gobierno debería extenderse a los últimos ocho años hasta el inicio de su primera administración. Señaló los casos de inmigración, acusando a los abogados que representan a inmigrantes de entrenar a “sus clientes para que oculten su pasado o mientan sobre sus circunstancias al presentar sus solicitudes de asilo”. Sin embargo, Trump no ofreció ninguna evidencia para respaldar esa afirmación, pero en los últimos días él y algunos de sus aliados han pedido el impeachment del juez federal de distrito James Boasberg por su decisión de bloquear las deportaciones de inmigrantes venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Lo anterior provocó una declaración extraordinaria horas después del presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, John Roberts, quien dijo que el impeachment de los jueces federales “no es una respuesta apropiada” al desacuerdo con sus fallos. El memorando se emitió un día después de que el presidente anunciara que retiraría una orden ejecutiva que revocaba las autorizaciones de seguridad y amenazaba con retirarle contratos gubernamentales a Paul Weiss, tras un acuerdo con el bufete. El prestigioso bufete acordó no considerar la diversidad ni la inclusión en sus prácticas de contratación y donar 40 millones de dólares en servicios legales pro bono a iniciativas apoyadas por su administración. Trump también ha emitido directivas contra Covington & Burling y Perkins Coie en las últimas semanas al apuntar a empresas con vínculos con demócratas prominentes o que han ayudado en las investigaciones sobre su conducta.
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