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XALAPA.- Siempre al servicio de la 4T, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a colectivos, organizaciones, autoridades y medios, a privilegiar el cuidado y preservación de las acciones de búsqueda y las indagatorias ministeriales, pero nada dijo del ocultamientos de evidencias por parte de la Fiscalía General de la República, esto luego del ingreso de familiares de personas desaparecidas al rancho Izaguirre, quienes denunciaron la falta de tacto de la fiscalía estatal para recibirlos y explicarles las investigaciones, tras el hallazgo de restos humanos y cientos de objetos personales. La CNDH refiere que sus visitadores presentes en el sitio atestiguaron cómo se rompió el cerco de protección y protocolos básicos de resguardo ministerial establecidos, a cargo de la Fiscalía General de Jalisco, comprometiendo la investigación y la búsqueda mismas. Por lo anterior, agrega, se atendió y orientó a familiares de personas desaparecidas que se encontraban en el rancho. Posteriormente, en un comunicado expresó su preocupación por los hechos ocurridos el jueves pasado e hizo un respetuoso pero apremiante llamado a las autoridades del estado de Jalisco, involucradas en las investigaciones, a fin de preservar los indicios, datos de prueba, evidencias y todo aquel hallazgo que permita el esclarecimiento de los descubrimientos efectuados en el predio ubicado en el municipio de Teuchitlán, esto con el objetivo de garantizar la debida cadena de custodia que las autoridades están obligadas a cuidar, respetar y privilegiar. También refiere que desde el miércoles 19 de marzo visitadores y peritos de la CNDH llevaron a cabo diligencias de observación y reconocimiento en el lugar asegurado, en coordinación con la fiscalía estatal, para llevar a cabo acciones que, en ejercicio de sus facultades, se está planteando para dar la debida atención al caso. Por lo anterior indica que la participación de los familiares debe llevarse a cabo de acuerdo con lo establecido, como el protocolo homologado de búsqueda que señala las medidas necesarias para la participación de personas con legítimo interés en las investigaciones para evitar que se vea afectada la garantía de los derechos al acceso a la justicia, verdad y transparencia del proceso.
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