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XALAPA.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detalló a los diputados federales que, durante 2023, los gobiernos estatales y municipales asignaron 85 por ciento de contratos de servicios y obras públicas mediante adjudicación directa. Al presentar un informe ante la Comisión de Vigilancia de la ASF, Emilio Barriga Delgado, auditor especial del gasto federalizado, ejemplificó con los datos reportados por 422 ayuntamientos, los cuales refirieron un total de 24 mil 92 contratos, que representan recursos por 16 mil 56 millones de pesos. De ésos, 21 mil 267 contratos (85 por ciento) se adjudicaron de manera directa, que corresponde a 7 mil 929 millones de pesos. Mientras, 9 por ciento (2 mil 151 contratos) fueron por invitación restringida, y sólo 6 por ciento (mil 511 contratos) se hicieron mediante licitación pública. Aunque dichos resultados corresponden a las auditorías a los municipios, el funcionario aclaró que esa tendencia también se replica en los gobiernos estatales. Al exponer el comportamiento del gasto federalizado de los últimos 23 años, Barriga Delgado declaró que el monto de 2023 fue el más bajo de ese lapso en comparación con el total del Presupuesto de Egresos de la Federación, ya que representó 29.4 por ciento. En cambio, dijo, en años previos el promedio fue de 32 por ciento. Sobre la cuenta pública 2023, reiteró las cifras presentadas por la ASF hace un mes, en las que se indica que el monto por aclarar respecto al gasto federalizado fue de 40 mil 801.6 millones de pesos. Detalló que los gobiernos estatales tienen un monto por aclarar de 22 mil 797.6 millones de pesos; los municipios, de 15 mil 835.1 millones, y los poderes judiciales locales, 122 millones. El estado con mayor monto por aclarar es Baja California Sur, con 9.9 por ciento de la muestra auditada; seguido de Morelos, con 8 por ciento, y Nayarit, con 2.3 por ciento. Además, sostuvo que, gracias al uso de nuevas herramientas tecnológicas para los procesos de fiscalización, de 2018 a la fecha se han registrado recuperaciones operadas por 27 mil 231 millones 829 mil 800 pesos, que corresponde a los recursos que reintegran las entidades fiscalizadas durante los procesos de auditoría. Casi 65 por ciento de esa cantidad corresponde al gasto federalizado.
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