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Xalapa, Ver.-
Con 321 votos a favor, 125 en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados avaló en lo general la nueva legislación en materia de transparencia, con las que se regulan las funciones que ejercía el INAI para ser transferidas a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y que crea el nuevo órgano administrativo desconcentrado denominado “Transparencia para el pueblo”. El documento expide las leyes generales de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, y reforma el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. La minuta basada en la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum considera los derechos denominados ARCO, que se refieren al acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales. Al presentar el dictamen en tribuna, el petista Ricardo Mejía Berdeja, presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, arropado por legisladores de su partido y de Morena, explicó que el nuevo esquema implica la creación de 18 autoridades especializadas según el ámbito obligado, lo que permitirá una gestión más eficiente de cada solicitud. Por tanto, “se descentraliza el acceso a la información y se traslada las funciones del INAI a múltiples autoridades especializadas”. Justificó que la creación del nuevo órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción, Transparencia para el Pueblo, “generará un ahorro anual de casi mil 100 millones de pesos”, ya que la Secretaría Anticorrupción absorberá el 80 por ciento del trabajo del INAI, pero sólo con el 35 por ciento del costo de su estructura. Las leyes se sustentan en principios constitucionales robustos y garantizan el pleno respeto a los derechos humanos, especialmente en el derecho a la privacidad y acceso a la información, agregó. Las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano adelantaron su voto en contra. La emecista Iraís Reyes reclamó que se esperaba un parlamento abierto y afirmó que, pese a crearse un órgano desconcentrado, éste será parte del gobierno federal. Además, criticó que se establece que se podrá reservar la información cuando ello genere paz social. Momentos antes, Laura Ballesteros, también de Movimiento Ciudadano, presentó una moción suspensiva para frenar la discusión al considerar que la legislación es violatoria de los derechos de los trabajadores y aseveró que “es como pedirle al zorro que vigile el gallinero; el gobierno no puede autovigilarse de sus propias corruptelas”. La petición fue desechada. En tanto, el panista Héctor Jaime Ramírez aseguró que, si la reforma hubiera salido antes, no se hubieran dado a conocer varios convenios firmados en el sexenio pasado. Advirtió que se podrá compartir la información privada sin consentimiento. “¿Cómo puede ser garante de transparencia un órgano que responde al gobierno?”, cuestionó al indicar que “se creará un laberinto burocrático para evitar el acceso a la verdad”.
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