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XALAPA.- El expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Manila por orden del Tribunal Penal Internacional (TPI), que lo acusa de crímenes de lesa humanidad por la sangrienta guerra contra las drogas durante su mandato (2016-2022), que dejó miles de muertos en el país. Sara Duterte, vicepresidenta de Filipinas e hija del expresidente populista, confirmó el arresto y su traslado a La Haya, sede de la CPI, y acusó al presidente y antiguo aliado en las elecciones de 2022, Ferdinand Marcos Jr., de entregar a un ciudadano filipino “a potencias extranjeras” en una “flagrante afrenta a nuestra soberanía”. “Mientras escribo esto, está siendo trasladado por la fuerza a La Haya esta noche. Esto no es justicia, es opresión y persecución”, denunció la hija del exmandatario en un comunicado. Aunque Filipinas no ha regresado a la CPI, el actual presidente, Ferdinand Marcos Jr., hijo del dictador Ferndinand Marcos, afirmó a finales del pasado año que su Gobierno no bloquearía a la corte en su investigación a Duterte, y en 2023 afirmó que el país “estudia” regresar al amparo del tribunal. Duterte ha insultado en numerosas ocasiones al actual presidente del país, a quien llegó a calificar de “drogadicto”, evidenciando el cisma entre las dos familias, unidas por conveniencia durante las elecciones de 2022, donde la hija del exlíder, Sara, hizo tándem con Marcos y ganó los comicios para la vicepresidencia del país. Tras su detención en su país natal, que se produce cuando el clan Duterte protagoniza una sonada ruptura con el del presidente Marcos, el exdirigente se preguntó: “¿Cuál es la ley y cuál es el crimen que he cometido?”, desde la base aérea de Villamor, donde afirmó haber sido trasladado “en contra” de su voluntad, según un video compartido en la red social. El desenlace actual tiene su origen en la guerra contra las drogas que Duterte emprendió durante su mandato (2016-2022), en la que murieron unas 6 mil personas en operativos antidroga y debido a ejecuciones extrajudiciales, según las cifras de la Policía, mientras ONG locales elevan la cifra a más de 30 mil fallecidos. La CPI inició una investigación por las ejecuciones extrajudiciales, a pesar de que Duterte retiró a Filipinas del organismo en 2019 para evitar ser implicado, y en 2021 vinculó a las autoridades y fuerzas de seguridad con los crímenes cometidos.
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