De Veracruz al mundo
Juicio contra ex concejales de Pantelhó, plagado de irregularidades, acusan.
En un comunicado sostuvo que lo anterior “violenta las formalidades del debido proceso, ya que se les obstaculizó el derecho a una justicia pronta, se violaron sus derechos humanos y se retrasó el esclarecimiento de los hechos en el juicio oral”.
Lunes 10 de Marzo de 2025
Por: La Jornada
Foto: . Facebook CLIFODH
Ciudad de México.- El juicio mediante el cual fueron sentenciados a 110 años prisión el ex presidente y ex regidor del concejo municipal de Pantelhó, Pedro Cortés López y Diego Mendoza Cruz, respectivamente, “está plagado de irregularidades”, afirmó la llamada Clínica de Litigio Indígena y Formación en Derechos Humanos (Clifodh).

Añadió que la jueza Guadalupe Flores Rocha “difirió en 14 ocasiones el inicio del juicio oral por diversas justificantes como el pedido del defensor público, la falta de datos en la carpeta de investigación, fallas mecánicas de la unidad de transporte del penal de El Amate, impedimento de ser traslados los imputados a San Cristóbal de Las Casas porque la fecha coincidía con excarcelaciones de otros procesados, pedimento o imposibilidad de los asesores de las víctimas, etcétera”.

En un comunicado sostuvo que lo anterior “violenta las formalidades del debido proceso, ya que se les obstaculizó el derecho a una justicia pronta, se violaron sus derechos humanos y se retrasó el esclarecimiento de los hechos en el juicio oral”, además de que “se violentó lo establecido en el artículo 16 del Código Nacional de Procedimientos Penales y no se aplicaron ni respetaron los principios del nuevo sistema penal contemplados en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Subrayó que “esto no sólo constituye una clara violación a lo previsto por la Constitución, sino que evidencia las malas prácticas de los jueces al diferir las audiencias, retrasando el proceso para las partes”, al tiempo de aclarar que “el diferimiento de las audiencias no es una regla, sino una excepción, como lo establece el artículo 20, fracción X, de la Constitución, que señala que los principios consagrados en este artículo deben ser observados y garantizados previo a la audiencia de juicio oral”.

Sin embargo, remarcó, “la jueza Guadalupe Flores Rocha ignoró por completo estos principios en repetidas ocasiones. Finalmente, el juicio inició el 12 de noviembre, pero con numerosas irregularidades en el procedimiento. El 6 de agosto de 2024, cuando inició el juicio oral, la jueza dio la palabra a la Fiscalía para exponer sus alegatos de apertura. Una exposición mal hecha, elaborando juicios a priori y conclusiones y mostrando como carpeta de investigación información de internet, de los medios convencionales de prensa y radio, sin peritajes ni pruebas y sin mostrar el video famoso en la que se han basado para imputar a Pedro Cortés y Diego Mendoza, en el que, por cierto, nunca aparecen”.

Cortez López, catequista de la diócesis de San Cristóbal y candidato al diaconado permanente, y Mendoza Cruz, que profesa la religión evangélica, fueron sentenciados a 110 años de prisión por la desaparición de 18 pobladores de Pantelhó, ocurrida el 26 de julio de 2021, en el contexto de la irrupción de las autodefensas El Machete, delito del cual había sido imputado también el sacerdote tsotsil Marcelo Pérez, asesinado a balazos el 20 de octubre pasado en San Cristóbal.

La Clifodh reiteró que el proceso en su contra “está plagado de irregularidades” como el hecho de que “la Fiscalía no presentó ninguna prueba para inculpar a Pedro y Diego; solo presentó indicios y testigos falsos, ya que ellos mismos afirmaban que ‘me dijo’, ‘supe’, ‘estaba en Guadalajara’, ‘estaba en San Cristóbal’ o ‘estaba en Yajalón’”.

No obstante, añadió, “dicen que vieron a Pedro, Diego y al padre Marcelo Pérez Pérez en el lugar de los hechos en medio de narraciones contradictorias, confusas y llenas de mentiras”.

Se preguntó: “¿Esta es la justicia que nos merecemos los pueblos originarios? Necesitamos jueces y juezas indígenas en un distrito indígena, necesitamos abogados y abogadas de oficio que sean indígenas, que hablen nuestras lenguas y que comprendan nuestras culturas. Necesitamos una reforma a fondo y urgente del poder judicial federal y estatal, pero también una reforma a fondo del Ministerio Público y la Fiscalía”.

Afirmó que “parece que se pretende inventar culpables para administrar el conflicto que encontrar a los desparecidos. Es necesario buscar y encontrar a los desaparecidos, los de antes y los que fueron desaparecidos el 21 de julio de 2021 en Pantelhó, pero no a costa de inocentes víctimas del odio, la venganza y el resentimiento aliados a un sistema de justicia parcial”.

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