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Xalapa, Ver.-
La reparación integral del daño a las víctimas de feminicidio continúa siendo una deuda del Estado mexicano, “por lo que las y los juzgadores, ministerios públicos y fiscalías especializadas en el tema deben hacer esfuerzos adicionales”, revela María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF). En el marco del Día Internacional de la Mujer (8M) destaca que es el Poder Judicial el que emite las sentencias y determina las reparaciones mientras que las fiscalías son las que deben investigar para acreditar el delito, y ambas instancias quedan a deber a las víctimas de feminicidio y a sus familias. La defensora de derechos humanos de las mujeres precisó que “la impunidad, la revictimización y el desamparo institucional siguen siendo la norma, dejando en el abandono a quienes buscan justicia”. La colectiva precisó que además de no haber una justicia efectiva, cuando llega a obtenerse llega tarde, lo que es inadmisible en un país en el que el feminicidio sigue siendo una de las violencias más crueles contra las mujeres. De acuerdo con cifras oficiales, entre 2015 y 2024 se han registrado 28 mil 977 asesinatos de mujeres, de los cuales 8 mil 127 (28 por ciento) se investigan como feminicidios. En 2024 fueron asesinadas 3 mil 395 mujeres, adolescentes y niñas; sin embargo, sólo el 23 por ciento de los casos se investigaron como feminicidio. Los estados con mayor incidencia de feminicidios ese año fueron Ciudad de México, estado de México, Morelos, Nuevo León, Veracruz y Chihuahua, mientras que los municipios son Chalco, Ecatepec, Iztapalapa, Juárez, Monterrey, Nezahualcóyotl y Tijuana. A pesar de los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que estos crímenes sean investigados con perspectiva de género, en la práctica, la mayoría de los casos quedan impunes, perpetuando el dolor y la injusticia para las familias. “Este 8 de marzo llega en un contexto en el que, a pesar de los años transcurridos desde la adopción de plataformas como Beijing y la reciente conmemoración de la Convención de Belém do Pará, donde se han establecido directrices para el avance de derechos, las leyes y políticas en México siguen sin garantizar el acceso efectivo a los derechos de las mujeres”, señala. El reconocimiento legal de violencias como la vicaría, la digital y la política refleja la diversidad de agresiones que enfrentan mujeres, niñas y adolescentes. “Sin embargo, estas leyes y políticas públicas no se traducen en una protección real debido a la omisión, negligencia, corrupción e incapacidad del Estado para prevenir y sancionar estas formas de violencia.” Recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara: la reparación debe incluir garantías de acceso a la justicia, verdad y medidas de no repetición. Esto implica no solo sancionar a los responsables, sino también adoptar acciones concretas para resarcir a las víctimas, sus familias y a la comunidad. El OCNF llamó al Estado mexicano a garantizar una reparación integral del daño a las víctimas de la violencia feminicida, cumplir sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas y brindar una respuesta efectiva ante crisis. “No bastan las declaraciones oficiales; el país necesita medidas concretas que restituyan la dignidad y los derechos de las víctimas y que garanticen el acceso a la justicia”. Por eso “este 8 de marzo, alzamos la voz por todas las víctimas de feminicidio y por sus familias, que siguen exigiendo justicia”, agrega.
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