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XALAPA.- De acuerdo con Valentín Romero Trujillo, delegado estatal de la Asociación Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC), los transportistas continúan enfrentando serias dificultades con los trámites burocráticos y la corrupción para obtener licencias y realizar el emplacamiento de sus vehículos. Refirió que a pesar de que este problema ha sido un tema recurrente durante los últimos años, las autoridades aún no han logrado encontrar una solución definitiva. El dirigente señaló que lamentablemente, la lentitud y la corrupción son los principales obstáculos que impiden un avance en este proceso. Afirmó que los transportistas han solicitado insistentemente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que agilice los trámites esenciales para su actividad, ya que los retrasos en la obtención de licencias y el emplacamiento afectan directamente a la operatividad de sus negocios. En ese sentido, señaló que no sólo los tiempos de espera son excesivos, sino que también deben lidiar con la corrupción que prevalece en algunas de las oficinas encargadas de estos procesos. "La burocracia y la corrupción nos están perjudicando gravemente. Exigimos que la SCT tome cartas en el asunto de inmediato", afirmó. Romero Trujillo consideró que las autoridades deberían abrir más ventanillas de atención específicamente para transportistas, con el objetivo de reducir las largas filas y el tiempo de espera, y garantizar que los trámites se realicen de manera más eficiente. Sin embargo, también hizo hincapié en la necesidad de eliminar los actos de corrupción que aseguró siguen prevaleciendo en estos procedimientos. La situación, expuso, tiene un impacto directo en la economía de la región, ya que el sector del transporte es fundamental para la distribución de productos y mercancías. Ante esto, pidió a las autoridades que se tomen medidas urgentes para acelerar estos trámites y evitar mayores perjuicios. Además, recordó que otro aspecto fundamental para el desarrollo del sector es la seguridad en las carreteras, por lo que se requiere una mayor presencia de la Guardia Nacional y de las autoridades locales para garantizar la protección de los transportistas y la ciudadanía en general.
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