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XALAPA.- Con 323 votos en favor y 123 en contra la Cámara de Diputados aprobó en lo particular modificaciones a la Ley de Amparo, que establece que las sentencias que otorguen el amparo de la justicia a los ciudadanos solo tendrán aplicación para los directamente implicados y ya no tendrán efectos generales para el resto de la población. Luego de que martes el dictamen a la minuta del Senado se aprobó en la Comisión de Justicia, este miércoles se debatió el tema en el pleno de San Lázaro, donde la oposición alertó que la reforma echa abajo una de las herramientas de defensa de la ciudadanía frente a los abusos del poder público, mientras los partidos mayoritarios la defendieron como un medio para terminar con el “abuso” del amparo en manos de grupos particulares. Al argumentar en favor de la iniciativa, Emiliano Álvarez López (Morena) enfatizó que el juicio de amparo, “que en su origen fue un instrumento legítimo, ha sido desvirtuado y utilizado por grandes empresarios y corporaciones como un mecanismo para frenar políticas públicas en beneficio de la nación”. A decir del legislador, el amparo “se ha utilizado para defender intereses particulares en detrimento del bienestar colectivo. Empresas contaminantes, evasores fiscales y grupos de poder han encontrado en el amparo una herramienta para frenar regulaciones que buscan proteger el medio ambiente, garantizar derechos laborales y fortalecer la soberanía nacional”. También, la reforma permitirá que las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean de observancia obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales, y se ajusta el número de votos necesarios de los ministros para emitir una declaratoria de inconstitucionalidad, al pasar de un mínimo de ocho a un mínimo de seis, y así evitar que una minoría de pueda bloquear “resoluciones fundamentales para el avance del país”. Por el contrario, Guillermo Anaya (PAN), lamentó que, al quitar al juicio de amparo la capacidad de tener efectos generales cuando se declara la inconstitucionalidad de una ley general, se afecta sobre todo a la población con menores recursos, pues sólo las personas con capacidad económica podrán contratar a un abogado para hacer uso de esta herramienta legal. Asimismo, alertó que el Tribunal de Disciplina Judicial (que sustituirá al Consejo de la Judicatura Federal), se convertirá en un mecanismo como la “Santa Inquisición” en el que cualquier juzgador que sea señalado injustamente por supuestas fallas en su trabajo, sin ninguna prueba, no podrá defenderse de ninguna manera. Con una analogía de salud y enfermedad, la también panista, Eva María Vázquez, subrayó que el juicio de amparo “es la dosis de justicia que nos protege del contagio de la impunidad, pero hoy Morena y sus aliados pretenden arrebatarnos esta vacuna. Quieren debilitarnos, limitando su efecto y convertirlo justamente en un privilegio al que solamente algunos cuantos puedan acceder”. Por otro lado, lamentó que la reforma propone reducir de once a nueve el número de ministros de la SCJN, pues ello busca “concentrar aún más el poder en manos del gobierno. Menos voces definitivamente van a significar menos pluralidad, menos debate y mayor control político”. El priista, Arturo Yáñez, acusó a los partidos de mayoría de “seguir en la ruta de la dictadura” al quitarle a los ciudadanos la posibilidad de recurrir al amparo para defenderse de determinaciones abusivas. “¿Qué sucedería si mañana ustedes deciden quitar de la Constitución el derecho a la educación gratuita o el derecho a la salud pública? ¿O qué sucedería si en un futuro ustedes van a querer expropiar casas, terrenos sin razón alguna? El pueblo de México ya no va a poder hacer absolutamente nada”, expresó.
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