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Cortesia.
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Xalapa, Ver.- El 1º de diciembre de 2022 Salomón Jara Cruz tomó protesta como gobernador de Oaxaca, desde entonces se ha generado molestias entre la población por el incremento de la delincuencia, un alto índice de desapariciones forzadas, feminicidios, evidentes casos de corrupción, nepotismo y hasta presuntos vínculos de funcionarios del gabinete, alcaldes y legisladores, con la delincuencia organizada. La indignación llega al grado de que han llamado a la revocación de mandato en 2026, cuando se cumpla la mitad del periodo gubernamental. Según la estadística mensual de la Fiscalía General del estado de Oaxaca, 697 personas sufrieron desaparición forzada por particulares en 2024. Enero de este año cerró con 69 homicidios. El panorama se agrava por la imposición de proyectos, como un basurero de tres hectáreas en Xoxocotlán, obra controlada y vigilada por el sindicato Catem Joven y sus grupos de choque. Al entrar a su tercer año de gobierno, la gestión de Jara Cruz se caracteriza, además, por una incidencia de nepotismo sin precedente y que tiene su ejemplo más claro en el control que ejerce su hermano Noé en el ayuntamiento de la capital, por encima del alcalde Raymundo Chagoya (PVEM). Apenas el martes pasado, la hija mayor del gobernador, Shunaxhi Nabaany, fue designada delegada del Infonavit en el estado. Persisten las denuncias de corrupción y una política de persecución contra movimientos sociales, periodistas y defensores de derechos humanos, mientras crece la presencia de la delincuencia organizada. Agrupaciones sociales como Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (Oidho) y el Frente Popular Revolucionario (FPR), así como actores políticos, como el delegado del PT en el estado, Benjamín Robles Montoya –que compartió gabinete con Jara Cruz en el sexenio de Gabino Cué, postulado por la coalición PAN-PRD–, señalan abiertamente los presuntos nexos de funcionarios y legisladores con el crimen organizado. Robles Montoya llama hamponino o Nino el Sospechoso a Antonino Morales Toledo, senador por Morena y aspirante a relevar a Jara Cruz en 2028. La Unidad de Inteligencia Financiera congeló sus cuentas en 2020, cuando era alcalde de San Blas Atempa, tras una investigación por presuntos vínculos con el crimen organizado. En junio pasado, Robles Montoya llamó criminal al gobernador por sus presuntos nexos con grupos delincuenciales y lo señaló por financiar a lo mejor del huachicoleo: la campaña del PVEM para la capital. En ese contexto, la inseguridad no cesa. Enero cerró con 69 asesinatos, el más reciente, el viernes 31, en el estacionamiento de un centro comercial, a siete calles de la alcaldía de la capital. Por otro lado, un grupo de 14 jóvenes que regresaba de vacaciones de Puerto Escondido continúa desaparecido desde el 7 de enero. El año pasado hubo registro de mil siete asesinatos, 3.4 por ciento más que en 2023, cuando llegaron a 970, una estadística que dejó fuera a Oaxaca de los cinco estados más seguros. Pero la versión oficial es distinta y en redes sociales el gobierno del estado paga campañas que ubican a Jara Cruz entre los mejores 10 gobernantes del país.
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