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XALAPA.- Vaya caso, mientras la gobernadora Rocío Nahle García tiene como uno de sus principales ejes de trabajo impulsar el turismo para poner de moda a Veracruz, conductores y comensales que acuden a los restaurantes y bares de Cerro Gordo, Rinconada, Dos Ríos y Palo Gacho denunciaron que los policías municipales de Emiliano Zapata, con la venia del voraz alcalde Erick Ruíz Hernández, en lugar de velar por la seguridad, se han convertido en cazadores de automovilistas para extorsionarlos. Los testimonios coinciden en que el modus operandi de los oficiales se ha convertido en un patrón: detener a quienes salen de estos establecimientos con el pretexto de detectar aliento alcohólico. Si el conductor muestra signos de haber consumido alcohol, es trasladado a la cárcel municipal en Dos Ríos, mientras que su vehículo es conducido por un agente. Aunque oficialmente se impone una multa administrativa, la verdadera exigencia económica llega después: sumas de hasta 25 mil pesos para evitar que el automóvil termine en un corralón, negocio que presuntamente mantiene vínculos con los mismos elementos policiacos, presuntamente, obedeciendo órdenes del munícipe. De acuerdo con fuentes internas, este esquema no es una iniciativa individual, sino un sistema impuesto por los mandos policiacos. Agentes de menor rango han expresado su inconformidad, asegurando que reciben órdenes directas de un comandante identificado como "Platas", quien establece las cuotas de dinero que deben recaudar. El castigo para quienes no cumplen con estas exigencias es claro: son relegados a labores secundarias en módulos de vigilancia dentro de unidades habitacionales o comunidades alejadas, perdiendo el acceso a patrullas y operativos. Sin embargo, en la cadena de corrupción también estarían involucrados empleados de bares y restaurantes, quienes supuestamente informan a los oficiales sobre qué clientes han consumido alcohol y qué vehículo conducen. A través de mensajes de WhatsApp, envían detalles sobre las unidades, permitiendo a los policías interceptarlas con certeza. Este sistema ha generado desconfianza entre los visitantes de estos establecimientos, quienes temen ser víctimas de una detención arbitraria bajo el disfraz de un operativo de tránsito. Ante la inacción del presidente municipal, ciudadanos y algunos elementos policiacos han solicitado la intervención de la gobernadora Rocío Nahle. Argumentan que la policía municipal ha excedido sus funciones al actuar como agentes de Tránsito y de la Guardia Nacional, descuidando la seguridad de las comunidades y zonas residenciales. Además, existe la preocupación de que estas prácticas estén protegidas por altos mandos, bajo la justificación de recaudar dinero para instancias superiores de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Guardia Nacional División Caminos, además de autoridades edilicias. Los agraviados pidieron que las autoridades estatales investiguen a fondo estas acusaciones y frenen los abusos de poder que han convertido a la policía municipal en una amenaza para quienes solo buscan disfrutar de una comida o una salida en familia. Así las cosas.
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