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XALAPA.- Luego de que la auditora general del ORFIS, Delia González Cobos, exhibió que el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez tiene casi 300 expedientes abiertos que podrían derivar en denuncias, y admitió el hallazgo de ocho empresas fantasma, con presuntos desvíos que superan los 205 millones de pesos, el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, Esteban Bautista Hernández, anunció que exhortará al Orfis a que revele el estatus de las presuntas empresas fantasma detectadas durante la administración de García Jiménez. El morenista indicó que si existen pruebas suficientes, se deben presentar las denuncias correspondientes. “El tema de las empresas fantasma, si hay quien denuncie, que se le dé trámite. Definitivamente, si está en nuestras manos, haremos el exhorto”, afirmó. El presidente de la Jucopo confirmó que desde el Congreso local se puede presentar un punto de acuerdo para que el ORFIS brinde más detalles sobre el caso, en la medida de lo posible. Bautista Hernández reiteró que no se encubrirá a nadie, y que cualquier funcionario involucrado, sin importar su partido político, debe rendir cuentas. “Quien esté involucrado debe responder por sus actos. Yo soy muy respetuoso de la Secretaría de Educación, Seguridad Pública, Sefiplan, pero quien esté señalado debe asumir su responsabilidad. Nosotros no venimos a encubrir a nadie y el tema debe llegar hasta las últimas consecuencias”, subrayó. El pasado 22 de enero, ante las y los legisladores locales, González Cobos fue cuestionada por el diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Héctor Yunes Landa, quien señaló que fue evidente el desaseo en la administración estatal anterior con la creación de empresas fantasma, y lamentó que hasta el momento no haya detenidos. “Ni charales ni peces gordos han sido procesados. No dudo que el ORFIS haya recibido presiones políticas para beneficiar al gobierno anterior”, acusó el legislador priista. Ante esto, Delia González explicó que los procesos de fiscalización siguen un procedimiento por etapas. Una vez que el Congreso aprueba o rechaza la Cuenta Pública, es posible interponer las denuncias correspondientes. “Tenemos aproximadamente 280 a 300 expedientes de investigación en curso, iniciados una vez que concluye el procedimiento de fiscalización. El propio Congreso nos instruye para que les demos el seguimiento debido a estos presuntos daños patrimoniales”, reiteró. Yunes Landa también señaló que algunos proveedores obtuvieron contratos a pocos meses de haber sido constituidos, lo que calificó como un posible caso de encubrimiento y corrupción. Como ejemplo, mencionó la empresa “Soluciones y Milagros”, la cual se registró como proveedor de comercio al por mayor de ropa, pero recibió contratos del Gobierno de Veracruz para suministrar otros productos, como folders, lapiceros, tóner, agua purificada, persianas e incluso equipo médico. Esta empresa se localiza en la colonia Rafael Murillo Vidal de Xalapa, en una casa donde se adecuó un espacio para la imprenta “Resurrección”. Fue dada de alta como una Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.), esquema que permite la constitución de compañías en 24 horas, sin costo y sin la intervención de un notario. El propietario de la empresa, Mauricio Gómez Castañeda, aparece en el padrón de militantes de Morena. En ese sentido, González Cobos reconoció que el ORFIS detectó al menos ocho empresas en esta condición, las cuales recibieron contratos por más de 205 millones de pesos. “Nosotros actuamos conforme a nuestro protocolo. Estas empresas están en el anexo 69, que enlista aquellas con las que no se deben efectuar operaciones según la Secretaría de la Función Pública. De ser así, cualquier contrato celebrado con estas compañías representa un daño patrimonial”, concluyó.
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