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Xalapa, Ver.- En medio de la cacería migratoria emprendida por el gobierno migratorio de Estados Unidos, colectivos de mexicanos que han sido deportados y retornados al país, y organizaciones civiles urgieron al gobierno federal diseñar una política integral para esta población con presupuesto asignado, mecanismos de monitoreo y rendición de cuentas para cada una de las entidades federativas. A través de una carta dirigida a la Presidenta Claudia Sheinbaum, al canciller Juan Ramón de la Fuente y a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, exhortaron a que también se realice un diagnóstico nacional de las personas en contextos de retorno. Expusieron que los años de vida en Estados Unidos “no sólo nos generaron relaciones laborales, sino también médicas, civiles, jurídicas, educativas, culturales y familiares, por lo tanto, declaramos que el retorno tiene impactos en nuestras comunidades y estructuras familiares que se encuentran en ambos países”. Además, señalaron que dentro de las estructuras familiares en contextos de retorno la carga burocrática, emocional y de cuidados que implica la reinserción al país recae principalmente en las mujeres; resaltaron particularmente a situación de las mexicanas deportadas y retornadas. En ese contexto apuntaron, ellas enfrentan una situación alarmante, en el que 10 feminicidios ocurren al día en el país. En la misiva, también demandaron el reconocimiento constitucional de las personas, familias y comunidades en contextos de migración en México y en el exterior tomando en consideración sus distintas fases: tránsito, destino, retorno y reintegración; el rechazo a las deportaciones en las noches. Igualmente, establecer un Consejo Coordinador permanente de personas deportadas, retornadas y sus familias viviendo en México y Estados Unidos “con el fin de coadyuvar en garantizar una perspectiva de movilidad, género e interculturalidad en las políticas públicas y programas de atención a esta población”. También, emitir un decreto presidencial que reconozca la matrícula consular, credencial de elector emitida en el exterior, pasaporte emitido en el exterior y hojas de repatriación como documentos de identificación para el acceso a derechos y servicios privados. Esto, en tanto que se avanza hacia una Cédula Única de Identidad. Las personas firmantes de la misiva y organizaciones son: Bloque Latinoamericano sobre Migración, Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua, Instituto para las Mujeres en la Migración.
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