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| Acusan influyentismo en denuncias contra mujeres violentadas. | ||||||
| Son sus agresores quienes las han demandado y, a diferencia de las carpetas de investigación de las esposas, los procesos judiciales de ellos avanzan, presumiblemente, con pagos debajo de la mesa en los tribunales y agencias del Ministerio Público. | ||||||
| Lunes 27 de Enero de 2025 | ||||||
| Por: La Jornada | ||||||
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Son sus agresores quienes las han demandado y, a diferencia de las carpetas de investigación de las esposas, los procesos judiciales de ellos avanzan, presumiblemente, con pagos debajo de la mesa en los tribunales y agencias del Ministerio Público. No sólo contrademandaron a las mujeres agredidas, sino también a su abogada, la conocida defensora de derechos humanos y de género Ana Katiria Suárez Castro, quien, ante el progreso acelerado de una orden de aprehensión que se fabrica en su contra en la fiscalía capitalina –sin que ella haya tenido acceso a la carpeta de investigación que se abrió en su contra–, optó por salir del país para protegerse. Con ello, todas sus representadas quedaron en riesgo y sin defensa. Los esposos victimarios, además, han imitado formas de lucha y resistencia a las que históricamente recurren las mujeres, con la creación de un colectivo nacional no más presos inocentes. En diciembre realizaron una manifestación ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México con sus mantas y carteles. El embate del colectivo de los señores ya obtuvo su primer resultado. Caso de Mafer Turrent María Fernanda Turrent, una joven veracruzana que padeció durante años agresiones por parte de su esposo, Édgar González Peredo, fue citada en un tribunal capitalino el pasado 22 de enero para responder por una supuesta retención de sus hijos. Era una trampa. Fue detenida y hoy se encuentra en el Reclusorio Femenil Santa Martha Acatitla. Sus hijos quedaron desprotegidos. Tras el escándalo generado por la detención de la víctima y los indicios de influyentismo del agresor González Peredo dentro de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la titular Bertha María Alcalde anunció cuatro días después la destitución de Miguel Ángel Barrera Sánchez, fiscal de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, y la revisión del proceso. El argumento de Alcalde fue que en la Fiscalía de la CDMX no se tolerará, bajo ninguna circunstancia, la manipulación del sistema con recursos económicos o aprovechando vínculos con el poder. Porque eso, al parecer, fue lo que sucedió en este caso. Persecución a la abogada Un mes antes de que se ejecutara la orden de aprehensión, María Fernanda Turrent se quedó súbitamente sin su abogada defensora, Ana Katiria Suárez, quien salió del país ante la inminencia de una orden de arresto. En la misma indefensión quedaron sus otras representadas, todas ellas víctimas de violencia familiar. Sus esposos unieron esfuerzos para denunciar una supuesta red de extorsión que –según ellos– lidera la defensora Suárez Castro, utilizando a mujeres vulnerables y a niños para, según dicen, promover y ganar divorcios y pensiones millonarias, fabricando carpetas y armando peritajes para acreditar afectaciones inexistentes a sus hijos y esposas. Al frente de esta campaña se encuentra Guillermo Sesma Suárez, ex esposo de Regina Seemann. Es socio del ex gobernador de Oaxaca y el ex senador Ulises Ruiz en varios negocios (Sion Pro, Galileosky, Lomas Sky). Su hermano Jesús es diputado local por el Partido Verde Ecologista y presidente de la junta de concertación política, cercano al ex fiscal Ulises Lara. Ambos son primos hermanos de Ana Katiria Suárez, a quien Guillermo Sesma ha proclamado en redes: la quiero ver en la cárcel. También integra la acusación Bernardo Vogel Fernández de Castro, director de la siderúrgica Collado, Édgar González Peredo, entre otros. El director de El Financiero, Manuel Arroyo, quien hace años también fue denunciado de violencia por su ex esposa Jessica Garduño, participa activamente en la campaña de desprestigio contra la abogada Suárez. En estos conflictos legales, una docena de niños y niñas se encuentran en el fuego cruzado de los matrimonios rotos y sufren graves consecuencias. Además, las mujeres violentadas se han quedado, al menos de momento, en la indefensión sin su representante legal. “Soy un pinche psycho”, menciona agresor Antes de decidirse a abandonar el hogar conyugal en septiembre de 2023, María Fernanda Turrent había logrado grabar audios y videos de las constantes escenas de violencia doméstica. Los presentó como elementos de prueba ante la fiscalía cuando decidió denunciar a González Peredo. En uno de ellos se escucha decir al victimario: “¿Tu crees que soy pendejo? Soy un pinche psycho (sicópata)”. En otro le grita: Te hincas o mato a tus hermanos. En todos se escuchan llantos infantiles. En enero, aprovechando una visita de los niños al padre, Édgar González retuvo a los menores, consiguió que se emitiera un Código Águila (orden judicial de alejamiento obligado) contra la madre y a ella se le impusieron medidas cautelares. Hasta que no te sientes a negociar (un convenio de divorcio) los niños se quedan conmigo. Así de fácil, amenazó el empresario a la madre. Meses después, la hija de Turrent logró comunicarse a escondidas con ella. La madre grabó las palabras de la niña. “Me preocupé cuando no contestabas. Pensé que te habías morido o te había pasado algo”, comunicó. A Turrent –no a González Peredo– le impusieron medidas cautelares, entre ellas presentarse mensualmente a firmar en la Ciudad de México, el retiro de su pasaporte y visa y la prohibición de realizar actos que puedan considerarse intimidatorios hacia Édgar. González Peredo es fundador y residente de Belgravia Group (que se dedica a desarrollar y financiar negocios en los sectores inmobiliario, financiero, hotelero, agroindustrial y de medios) y de BH Solutions. Es hijo del poderoso notario Cecilio González Márquez, que lleva los asuntos de MVS. Su defensa la dirige el despacho del abogado José Luis Nassar Daw, hijo de Nassar Haro, una de las figuras más oscuras de los crímenes de la guerra sucia. A lo largo de 2024, González Peredo consiguió el rápido avance de múltiples denuncias contra María Fernanda, incluyendo fraude procesal, retención de menores, violación de correspondencia y falsedad en declaración. Dos de ellas fueron judicializadas y en una la víctima fue vinculada a proceso, lo que culminó con su encarcelamiento. Frente a este embate, la esposa agredida había divulgado un video en el que pedía que en los procesos no pesen más los favores que las pruebas que he presentado. No ocurrió así. Ya presa, el viernes pasado, desde el penal, envió un mensaje a las colectivas de mujeres que se solidarizan con ella. Saben que estoy en prisión de una manera injusta. Siempre me he conducido con pruebas. Lo único que he pedido para mis hijos y para mí es el respeto y poder vivir una vida en paz. Posible ”modus operandi” del Poder Judicial Por su parte, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández, tomó una postura desde el gobierno federal: “El caso de Mafer Turrent es indignante y, como otros casos que estamos acompañando desde la secretaría, nos pone en alerta frente a un posible modus operandi en el Poder Judicial contra mujeres que denuncian violencia en contra de sus parejas, que generalmente son hombres con poder económico. “Hemos detectado que un común denominador es que los agresores intentan ejercer influyentisimo para seguir ejerciendo violencia en contra de sus parejas e hijos y además iniciar procesos en su contra. Lo hemos notado en todo el país con diversos jueces y juezas. Seguiremos al pendiente de todos los casos que nos llegan y daremos puntual seguimiento a cambiar esta situación. |
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