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XALAPA.- Cuatro integrantes de una familia perdieron la vida al desprenderse dos enormes piedras sobre su vivienda, ubicada en el árido corazón del cerro del Chiquihuite, el 10 de septiembre de 2021, pero la herida no se cierra. La ya desaparecida Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett) otorgó hace décadas títulos de propiedad de manera anómala, en una franja peligrosa, según ha constatado hoy la Sedatu. El 25 por ciento de los mexicanos viven en asentamientos irregulares, ubicados en zonas de alto riesgo, inapropiadas para el desarrollo urbano: laderas, cerros, áreas inundables, derrumbaderos, sobre derechos de vía o puntos de salvaguarda donde proliferan ductos de Pemex o cables de alta tensión. Además, en áreas naturales protegidas o de valor ambiental, de acuerdo con datos de la Sedatu. El tema palpita tras el anuncio del gobierno de Sheinbaum de impulsar un programa masivo de construcción de vivienda, regularización territorial y escrituración. Pero el rezago es mucho, tan inmenso como aquellas rocas enfurecidas, causa de desgracia. La colonia Lázaro Cárdenas 2ª sección, en el Chiquihuite, comenzó a formarse desde 1969, según cuenta don Sergio Guerrero, de 82 años, de los primeros habitantes. “Nadie puso un límite y la gente se subió hasta arriba, llegaron decenas de paracaidistas. Duramos más de 15 años sin agua y como 20 para tener luz provisional. Durante el gobierno de Salinas nos regalaron un poco de material y entre todos nos organizamos para aplanar algunas calles. No hay alineación en los terrenos porque cada quien hizo su frente como Dios le dio a entender. Todas eran bardas de piedra rústica”. “Cada que llovía, el cerro escurría. Había un brote de agua que fluía hacia un balcón de roca y eso fue lo que rodó. Algún día tenía que pasar. Las autoridades venían a ver, pero sólo se sacaban la foto”. Con aquella noticia funesta de 2021 no acabó la pesadilla. El municipio de Tlalnepantla donó al INSUS un predio para la construcción de viviendas en la colonia Caracoles, pero el proceso de reubicación de afectados estuvo amañado. No hubo transparencia en el censo y, algunos oportunistas, ajenos a la comunidad, acapararon departamentos, en perjuicio de verdaderas víctimas, quienes continúan en riesgo inminente.
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