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XALAPA.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) vira hacia donde lo lleva la corriente o los intereses de sus integrantes, y en ese tenor, ahora respalda la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa (PPO) que entraron en vigor el primero de enero pasado, y manifestó de nueva cuenta su apoyo a la estrategia integral de seguridad que pone en marcha el gobierno federal, cuando su función es, precisamente, proteger las garantías individuales de la sociedad. El organismo expuso en un pronunciamiento que, ante las diversas opiniones manifestadas, sobre todo por algunas organizaciones, en cuanto a la prisión preventiva oficiosa “consideramos que ésta debe analizarse en el contexto que vive nuestro país. De otro modo, corremos el riesgo de caer en divagaciones teóricas que no se ajustan a la realidad y no proponen ningún beneficio práctico para la población”. Asimismo, indicó que “es evidente que hoy uno de los obstáculos para una estrategia de construcción de paz es el sistema de justicia, por eso es imperioso frenar las graves omisiones en materia judicial, reflejo de la colusión de muchos juzgadores con grupos delincuenciales o intereses económicos o políticos”. Señaló que la reforma al artículo 19 constitucional, que incluye como delitos que ameritan PPO la extorsión, la emisión de falsos comprobantes fiscales y los crímenes vinculados a la producción y venta de fentanilo, “considera el respeto a los derechos humanos de una manera preponderante”. Indicó que “es importante actuar contra la impunidad de manera decidida cuando existan delitos contra el tejido social y la seguridad de la comunidad. Siempre debidamente justificada la aplicación de la medida”. Respecto a las críticas a la ampliación de delitos que ameritan PPO, entre ellas de organismos como la ONU, la CNDH que encabeza Rosario Piedra Ibarra expuso que “hay actores que utilizan el discurso de los derechos humanos para descalificar la política de seguridad pública del gobierno actual, ignorando nuestra realidad y, sobre todo, dejando de lado a las víctimas de la violencia”. Desde el exterior, sostuvo, “se repiten las formas de intervencionismo favorecidas por las políticas neoliberales y legitimadas por esta misma Comisión a lo largo de más de 30 años”. Existen, dijo, “intereses externos que se oponen a que México actúe como un país libre y soberano que pueda modificar y ampliar sus leyes siempre poniendo por encima de todo el bien del pueblo y sus derechos humanos”. Finalmente, la CNDH reiteró que cumplirá “con responsabilidad nuestro deber de velar por la correcta aplicación de la estrategia integral de seguridad y de la utilización de la figura de la prisión preventiva oficiosa. Ese es nuestro mandato constitucional y nuestro compromiso con las y los mexicanos”. En este sentido, aseguró que atenderá de manera especial las quejas y las denuncias que se presenten a este respecto, para evitar vulneraciones a derechos humanos y contribuir con ello a construir una cultura de paz. “También proporcionaremos a las personas servidoras públicas la formación necesaria para fomentar buenas prácticas y mejorar su desempeño garantizando siempre el respeto incondicional a los derechos humanos, tal y como lo mandata el artículo 1º de nuestra Constitución”, apuntó.
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