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XALAPA.- Las ganancias “enormes” que produce el aguacate marcharon en sentido contrario desde 1987 en Michoacán, entidad que es la mayor productora del fruto, debido a que se han establecido ilegalmente unas 150 mil hectáreas de aguacate, calculó el secretario de Medio Ambiente del gobierno de Michoacán, Alejandro Méndez. La expansión del cultivo de aguacate en ha ido de la mano del crimen organizado desde que comenzó el boom del fruto luego de que EU abrió su frontera, en 1997, pero no fue gratis. Los mexicanos pagábamos 5 mil dólares mensuales a Kika de la Garza para que cabildeara en el Congreso gringo, recuerda un productor pionero, en referencia a Eligio de la Garza, nacido en Texas, quien fue presidente del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes y fundador del caucus hispano. Para empezar por algún punto en un tema complejo, Méndez cita un estudio de la UNAM que encontró que entre 1974 y 2011 se sembraron 140 mil hectáreas de aguacate, y que un tercio eran ilegales. En 2024, un tercio de las huertas de aguacate sufrió estrés hídrico. “Perdieron fruta, hubo huertas que se secaron. Pero además se generó un problema muy fuerte aquí en Pátzcuaro. Fue un caso muy sonado. Las comunidades llegaron y denunciaron: ‘están huachicoleando el agua de aquí del lago, de Zirahuén y del río Carácuaro’”. Fue en abril pasado que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla acusó a los aguacateros: Están sacando agua del lago para llenar sus ollas, que también son ilegales. El secretario Méndez no tiene dudas: Fueron los aguacateros, para no perder su producción, y (porque) tienen la lana (una pipa llegó a costar entre 4 y 5 mil pesos). Los campesinos con otros cultivos, que no tienen el dinero de los aguacateros, corrieron otra suerte: Se perdieron 72 mil hectáreas de cultivos de temporal. Se realizaron operativos contra la extracción de agua de los lagos, en los cuales las autoridades locales llegaron a recuperar equipos de bombeo que cuestan hasta 400 mil pesos y que nunca fueron reclamados. Para enfrentar los daños ambientales provocados por el exitoso cultivo, el gobierno michoacano, en alianza con otras instituciones y el gobierno de Noruega, implementó un sistema satelital de vigilancia llamado Guardián Forestal. Como las huertas no caminan, es muy sencillo saber (dónde se tumbó el bosque de pinos para sembrar aguacates). Mediante esa herramienta es posible detectar con toda precisión los lugares donde se deforestó para sembrar aguacates y el momento en que se hizo. Así, la administración estatal confeccionó una suerte de lista negra tomando 2018 como año base (negar permisos a los productores que deforestaron a partir de ese año) y avanzado en la ruta legal: ¡Pusimos 327 denuncias de un trancazo! Las denuncias fueron presentadas ante la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente (Profepa) y la fiscalía estatal. Aunque suena un gran número, se trata de un primer paquete. Tuvimos que priorizar, porque nos salieron miles de alertas. Aun así, nos convertimos en el estado que más denuncias ambientales tiene. Además de la definición de un año base, Michoacán propuso al gobierno federal, en el sexenio pasado, establecer un procedimiento para regularizar las huertas y que abriera la ventanilla para el permiso de cambio de uso del suelo legal. Méndez relata que en el sexenio pasado discutieron por más de un año la posibilidad de establecer ese año base con autoridades federales (Semarnat, del INECC, Profepa), sin llegar a un acuerdo. Funcionarios federales argumentaron que no tenía sentido, dada la prescripción del delito, pese a que la propia Profepa había establecido el criterio de que una huerta en un predio deforestado se tiene que regar y fertilizar, por lo que se configura un delito continuado. Las autoridades michoacanas también pidieron establecer una ruta para regularizar las huertas que deforestaron, o sea, la compensación ambiental que debían hacer. Porque el criterio que tiene Profepa es que se debe de tumbar el aguacate y reforestar ahí mismo. Por lo general, las autoridades federales voltean para otro lado y no aplican la ley. Por el contrario, en las últimas dos décadas, desde la Secretaría de Agricultura hacen fiesta cada vez que entra un nuevo municipio a la exportación y en Semarnat se ponen de pésame. Con más de dos décadas involucrado en el tema, Méndez dice que no conoce un solo caso en que se haya tumbado una huerta de aguacates para restaurar el bosque. La ley es muy estricta, pero no se cumple y sirve sobre todo para alimentar la corrupción, dijo a La Crónica.
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