|
|
Foto:
.
|
XALAPA.- En el marco del proceso penal 38/2017 – uno más de los muchos expedientes que se le siguen - el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito instruyó al juez René Ortiz Sartorius, del XI Distrito Judicial de Xalapa a dar cumplimiento al amparo otorgado al exgobernador Javier Duarte de Ochoa, relacionado con la acusación de incumplimiento de un deber legal. Este fallo anula una resolución previa y exige una nueva audiencia para decidir sobre la procedencia del sobreseimiento solicitado previamente por la defensa. El proceso penal tiene su origen en la acusación de que Duarte, durante su gestión, habría incumplido deberes legales en perjuicio del servicio público. En abril de 2023, el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Pacho Viejo rechazó la solicitud de sobreseimiento presentada por la defensa, decisión que posteriormente fue recurrida mediante un juicio de amparo indirecto y escalada a revisión en el Tribunal Colegiado. La defensa argumentó que la negativa al sobreseimiento vulneró principios fundamentales como la legalidad, el debido proceso, el principio de contradicción y el derecho a una defensa adecuada. Ante esto, el Tribunal Colegiado resolvió que la sentencia debía revocarse y ordenó que el juez convoque a una nueva audiencia en la que las partes puedan presentar argumentos y pruebas bajo el principio de contradicción. De igual forma, el Tribunal destacó que el sobreseimiento podría equivaler a una sentencia absolutoria. "Requiérase al juez responsable para que (...) justifique haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo o, en su caso, comunique las medidas que adopte con tal finalidad", señalaron los magistrados en su resolución. Por lo anterior, el juez Ortiz Sartorius deberá dejar sin efecto la resolución dictada el 26 de abril de 2023 y convocar a las partes a una nueva audiencia para resolver nuevamente sobre el sobreseimiento. La decisión dependerá de las pruebas y los argumentos presentados, garantizando el respeto a los derechos procesales de todas las partes involucradas. El caso de Duarte es parte de una serie de acusaciones relacionadas con irregularidades durante su gestión como gobernador de Veracruz. Entre éstas, destacan el uso indebido de recursos públicos, el desvío de 220 millones de pesos de la Comisión del Agua del Estado a la Secretaría de Finanzas y el uso de un helicóptero estatal tras su separación del cargo. Aunque la Fiscalía estatal había vinculado al exgobernador a proceso por estos hechos, su defensa ha logrado desmontar algunas de estas acusaciones mediante recursos de amparo.
|
