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XALAPA.- La gestión del ex gobernador Cuitláhuac García Jiménez no solo estuvo marcada por señalamientos de corrupción y negligencia, sino que ahora enfrenta cuestionamientos sobre su posible responsabilidad en el encubrimiento de crímenes graves. Luego de la detención de 12 policías estatales imputados por desapariciones forzadas, los reflectores se enfocaron hacia el ex gobernador y su presunta complicidad al permitir que las denuncias registradas durante su gobierno quedaran congeladas. Las investigaciones apuntan a casos ocurridos entre 2021 y 2023, todos durante su gestión, lo que podría llevar a que él mismo sea vinculado a estos crímenes. El pasado 16 de diciembre, un operativo en la Academia de Policía El Lencero, ubicada en Emiliano Zapata, terminó con la detención de 13 elementos de la SSP, 12 de los cuales ya fueron imputados por desaparición forzada. Las acusaciones están relacionadas con eventos ocurridos en 2021 y 2023, un periodo marcado por señalamientos de corrupción y abuso de poder en la SSP. El operativo generó preguntas entre activistas y familiares de víctimas. ¿Por qué tardaron tanto en actuar? ¿Quién protegía a estos elementos? Señalaron que las detenciones podrían ser solo la punta del iceberg en un entramado más amplio que incluye a altos funcionarios de la administración estatal. Y es que, decenas de denuncias contra elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) relacionadas con desapariciones forzadas y abusos de autoridad quedaron en el limbo judicial. La orden de frenar estas investigaciones, según información proporcionada por la activista Anaís Palacios, habría venido directamente del entonces mandatario estatal, afectando el acceso a la justicia para las víctimas. De acuerdo con Palacios, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, diversas órdenes de aprehensión contra policías de la SSP llevaban años giradas sin ejecutarse, dejando a las familias de las víctimas en la incertidumbre. Aunque algunas de estas órdenes fueron finalmente cumplimentadas con el cambio de gobierno, el retraso puso en evidencia un posible encubrimiento desde las más altas esferas del poder estatal. Una de las grandes interrogantes que rodea este caso es quién dio la orden de detener los procesos judiciales. Palacios señaló que la inacción de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la SSP durante el gobierno de García es muestra de cómo se manejaron las políticas públicas en materia de derechos humanos. "Si las órdenes de aprehensión ya estaban giradas, ¿por qué no se ejecutaron? Es claro que alguien dentro de la estructura del poder detuvo los avances", expresó. Palacios señaló que este tipo de prácticas han sido denunciadas también por familias de desaparecidos en otras regiones del estado, evidenciando un patrón de negligencia y falta de voluntad política. En este marco, el 18 de diciembre de 2024, se destapó otro escándalo que apunta a un posible uso político de la justicia durante el gobierno de García. Según reportes, el exgobernador habría intentado culpar al también exmandatario Javier Duarte de Ochoa de desaparición forzada sin pruebas contundentes. Este esfuerzo por desviar la atención hacia administraciones anteriores contrasta con la incapacidad de su propio gobierno para enfrentar las denuncias que pesaban sobre funcionarios de la SSP. Para las familias de las víctimas, la lucha por la justicia continúa, mientras activistas exigen respuestas claras sobre las decisiones tomadas durante su mandato. "La justicia en Veracruz no avanzó porque hubo intereses políticos de por medio", concluyó Palacios. Ahora, el nuevo gobierno tiene la responsabilidad de esclarecer estos casos y garantizar que los responsables, sin importar su cargo, enfrenten las consecuencias. Así las cosas.
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