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Xalapa, Ver.-
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), implementado en 1994, desarticuló el tejido social en torno a la producción agrícola y agropecuaria en México, reveló recientemente Agustín Rojas, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. En el campo mexicano prevalece un desinterés por cultivar granos básicos como el maíz, y por consiguiente se han dejado de sembrar vastas extensiones de tierra debido a las bajas ganancias que obtienen los productores, la falta de apoyos gubernamentales, la sobreexplotación e informalidad laboral (jornaleros sin seguridad social ni prestaciones), la renta de parcelas para la producción agroindustrial, la migración, la sequía e incluso el cobro de piso por parte del crimen organizado, de acuerdo con agricultores y dirigentes de organizaciones campesinas. La Jornada, revela que, una persona que labora en el sector gana en promedio 180 pesos diarios en Puebla, es decir, una media de 5 mil 400 pesos al mes, lo que ha llevado, entre otros factores, a que alrededor de 200 mil hectáreas de terrenos agrícolas y forestales no sean sembradas, pues no hay quién quiera trabajarlas. Por si fuera poco, los precios de garantía impiden a los agricultores obtener ingresos suficientes para subsistir y reinvertir, con base en cifras oficiales y estimaciones de organizaciones como la Unión Nacional de Ejidos Forestales y Agropecuarios (Unefa) y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA). Oficialmente, el Censo Agropecuario 2022 arrojó que la entidad cuenta con un millón 124 mil 581 hectáreas de superficie agropecuaria y forestal, de las cuales 15.2 por ciento, es decir, 172 mil, no se siembran. No obstante, Leobardo Ortiz Fuentes, dirigente de la Unefa, estimó que esos datos están lejanos a la realidad de casi 200 mil hectáreas que están abandonadas porque no hay políticas públicas que incentiven a cultivarlas. De acuerdo con Data México, 79.2 por ciento de los trabajadores agrícolas, estimados en 620 mil 354 al tercer trimestre de 2024, en territorio poblano, están en informalidad laboral. En Michoacán, 80 por ciento de los más de 300 mil jornaleros agrícolas que se desempeñan en el estado carecen de formalidad, además de que no cuentan con prestaciones, según datos oficiales. La mayoría de los trabajadores del campo vienen de las zonas altas de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y también de varios puntos de Michoacán; en gran parte de los casos, las condiciones en que viven temporalmente son desfavorables, con salarios que oscilan entre 200 y 300 pesos diarios. En tanto, casi 5 mil puestos de trabajo en el sector agrícola se perdieron en el estado de Colima de 2023 a 2024. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al cierre del primer trimestre del año pasado había 376 mil trabajadores, de los cuales casi 41 mil se empleaban en el campo, cuando en el mismo periodo de 2023 la cifra era de 45 mil 917. La gran mayoría de los empleadores son pequeños y medianos productores con fuerte presencia en exportación de hortalizas, frutas tropicales y berries que pagan entre uno y dos salarios mínimos al día. Con base en el último censo agropecuario del Inegi, Colima ocupa el último lugar nacional en superficie sembrada con apenas 0.3 por ciento del total nacional, es decir, unas 160 mil hectáreas; de éstas, casi 10 mil son superficie no sembrada por mal temporal, por falta de crédito, por enfermedad, por falta de dinero, apoyos o porque no hubo quién la cultivara, entre otras causas. En el campo de Campeche trabajan alrededor de 197 mil 560 personas, de las cuales 174 mil 226 son hombres (90.7 por ciento) y 18 mil 334 mujeres (9.3 por ciento). Hay poco más de 102 mil 828 campesinos dedicados de manera permanente a las actividades agrícolas, de los que unos 47 mil 923 carecen de sueldo y dependen de la producción que obtengan. De manera eventual se emplean 94 mil 732 personas para diversas labores, como pizca u otras. El 74.9 por ciento de hombres y mujeres que se dedican a este rubro son indígenas, según el Censo Nacional Agropecuario del Inegi. Para el líder productor Luis Pacheco, la falta de apoyos al campo deterioró la capacidad de cultivo de muchos agricultores, sobre todo los maiceros. El sector está al borde del colapso porque predominan la pobreza y la precariedad entre los labriegos, y hay cada vez menos tierras dedicadas al maíz, alertó. En Chihuahua, no se sembró el año pasado 30 por ciento de la superficie para cultivar maíz amarillo; alrededor de 50 mil hectáreas están abandonadas porque ese grano no es rentable por diversos factores, como la sequía, cortes de electricidad a los pozos y el calor extremo, expuso Eraclio Rodríguez Gómez, dirigente del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano. El ingeniero agrónomo y ex diputado local Miguel Colunga Martínez sostiene que la entidad ha disminuido la superficie de siembra en cultivos como frijol y maíz amarillo, porque no es rentable, dejó de ser negocio por los altos costos de producción, y otro factor ha sido el clima, la sequía juega un papel en el abandono de tierras.
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