|
|
Foto:
.
|
XALAPA.- La corrupción es un factor clave en el problema que significa la construcción de viviendas en zonas de alto riesgo. El tráfico de influencias y la falta de control en los permisos de construcción han permitido que empresas desarrolladoras obtengan autorización para edificar en áreas que, por su ubicación, deberían estar restringidas para este tipo de actividades, señalaron expertos. Y es que, la construcción de viviendas en zonas de alto riesgo como laderas de cerros y cerca de riberas de ríos se ha convertido en una problemática recurrente en Veracruz. De acuerdo con ambientalistas como el biólogo Héctor Rojas, esta situación está relacionada con la mala aplicación de políticas de obra pública y corrupción de las instituciones que otorgan permisos de construcción. Es así que, el desarrollo de núcleos poblacionales en dichas áreas no sólo expone a los habitantes a peligros físicos, como deslaves e inundaciones, sino que también representa un alto costo ecológico. De acuerdo con Rojas Carrizales, los daños al ambiente debido a estas construcciones tienen consecuencias a largo plazo. “La aprobación de proyectos en estas zonas, además de ser un riesgo para las familias, genera graves daños ecológicos a los ecosistemas locales”. A pesar de los evidentes riesgos, estas construcciones han proliferado, tanto en el centro del estado de Veracruz como en otras partes del país. Esto no sólo es consecuencia de la falta de planeación urbana adecuada, sino también de la permisividad y corrupción en las direcciones de obras públicas y otros entes responsables de supervisar y autorizar estos proyectos. Los expertos coinciden en que la corrupción es un factor clave en este problema. El tráfico de influencias y la falta de control en los permisos de construcción han permitido que empresas desarrolladoras obtengan autorización para edificar en áreas que, por su ubicación, deberían estar restringidas para este tipo de actividades. “Cualquiera de estas irregularidades permite la construcción de viviendas en zonas donde la integridad física de las personas está en constante peligro”, afirmó Rojas Carrizales. “En muchos casos se prioriza abatir el déficit de vivienda en el país pero no se considera que hacerlo de esta manera pone en riesgo a las familias y genera un alto costo, tanto económico como social”, agregó. En la parte económica, los habitantes enfrentan el riesgo de perder sus viviendas debido a desastres naturales, lo que genera costos adicionales para las familias y los gobiernos, que a menudo deben invertir en obras para mitigar los daños. Por otro lado, el impacto ambiental de estas construcciones es considerable. Las laderas de cerros y las riberas de ríos suelen ser ecosistemas frágiles que, al ser alterados, pierden su capacidad de amortiguar los efectos de fenómenos naturales como lluvias intensas o crecidas de ríos. Esto, a su vez, incrementa la vulnerabilidad de las comunidades cercanas. Ante esta problemática, especialistas y activistas han llamado a fortalecer la legislación en materia de desarrollo urbano y vivienda, así como a implementar medidas más estrictas para supervisar y sancionar las irregularidades en los permisos de construcción. “Es urgente. No sólo se trata de proteger a las familias sino también de preservar el entorno natural y evitar daños irreparables al medio ambiente”, afirmó. Además, se ha planteado la necesidad de una mayor transparencia en los procesos de autorización de proyectos habitacionales y de un mayor control ciudadano sobre las decisiones de las autoridades responsables. Esto implicaría reformar los marcos regulatorios para garantizar que los desarrollos habitacionales cumplan con estándares de seguridad y sostenibilidad.
|
